Los vecinos del número dos de la Praza da Cantiga, en el barrio de As Camelias, están preocupados porque tendrán serias dificultades para asumir los gastos derivados de la instalación de un ascensor, tras la Xunta denegarles una subvención que previamente le fuera concedida en febrero de 2014. La ayuda era del 75% del presupuesto, que ascendía a 125.000 euros. «Los vecinos, que son pensionistas en su mayoría, no le tenían miedo a la obra porque contaban con ese dinero», explican. De esta forma, por cada una de las viviendas, ocho en total, se tendría que desembolsar apenas 4.000 euros. Ahora, tocarán a más de 15.000. Sin embargo, la historia no termina aquí: están en pleito con los propietarios de los trasteros que hay debajo de la terraza ya que la caja del elevador se apoya en 11,10 metros de su parcela, de unos 600 metros cuadrados. Las obras dieron comienzo en febrero de 2014, fecha en la que se les concede la subvención -con fondos europeos gestionados por Fomento, la Xunta y el Concello con las oficinas del ARI- con un plazo de ejecución de los trabajos de siete meses. Sin embargo, en junio de ese mismo año se para la obra por orden judicial, tras denunciarles los dueños de los trasteros que están debajo de la plaza. «Vienen del juzgado a paralizarnos la obra y avisamos a la Xunta para que se interrumpan los plazos del cómputo de la subvención y ejecución de la obra», explican. La comunidad de vecinos afirma que fueron denunciados previo chantaje. «El representante de los trasteros vino hablar con nosotros y nos dijo que o accedíamos a convencer al resto de los vecinos que hay en el barrio para que pagasen el arreglo de la plaza porque le llueve en los trasteros o que nos iba a interponer un interdicto para paralizarnos la obra, y así lo hizo», explicó. Sin embargo, el juez dictó en diciembre de 2015 una sentencia favorable «al determinar que dada a la edad de las personas que habitan en el inmueble era más beneficioso el bien que iba hacer el ascensor que los 11 metros que se perdían», destacan desde la comunidad, que se comprometió a pagar por estos metros unos 6.000 euros, tal y como se recoge en la sentencia. No obstante, los dueños de los trasteros apelaron a la Audiencia Provincial y el juicio está pendiente para junio de este año. Compromiso verbal Una vez que recibieron la ejecución de medidas provisionales, continuaron con la obra. Preocupados por los plazos, consultaron ya en enero a la Xunta su situación. «Hicimos varias consultas vía telefónica y presencialmente y todas las personas con las que hablamos nos comunicaron que empezásemos la obra aunque esto no lo tenemos por escrito», reconocen. Una vez que empiezan la obra, reciben un escrito en el que se le deniega la subvención. Entonces, es cuando presentan un recurso de apelación a fecha de 28 de marzo «con el fin de que la conselleira de Vivenda reconsidere la resolución». Según las consultas realizadas por los vecinos, no tienen posibilidades de recuperar la ayuda, «algo que nos parece injusto porque ese dinero ya estaba reservado y la Xunta tenía un compromiso verbal aparte de la cualificación provisional. No entendemos que un mes antes de denegarnos la ayuda nos digan que empecemos las obras y, uno más tarde, firmen lo contrario», destacaron. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta por parte de la Consellería de Vivenda. Fuente: laregion.es Autor: Marta Salgado