Un joven de Valencia que ha perdido su casa en un edificio tomado por residentes ilegales denuncia el desamparo

El afectado pide al banco la dación en pago de un piso destrozado por el que paga 500 euros al mes y al Ayuntamiento de Valencia que le libere del IBI, pero ambos se lo niegan

En el número 195 de la calle Sagunto, la puerta del edificio está cerrada a cal y canto. Pero cualquiera puede entrar sin necesidad de tener llave: atravesándola, pues no hay cristal en la puerta. Como tampoco hay buzones. Ni luz en la escalera. Ni acceso al montacargas, con los botones y los cables arrancados. Ni entrada posible al garaje, convertido por los ilegales moradores en un almacén de objetos de todo tipo, muchos de dudosa procedencia. Ni un atisbo de esperanza para Álvaro Alventosa, un profesor de Primaria de 29 años desamparado por la inacción de la administración municipal, de la autoridad judicial y policial y de los bancos.

Álvaro paga hoy 500 euros al mes de hipoteca por un piso que no puede disfrutar. Y otros 500 de alquiler por la casa que sí habita. «Me está quitando la vida». Lo dice mirando sin mirar los muros de una vivienda con grotescas cicatrices en sus paredes, el rastro del cableado de la luz arrancado a cuajo por los okupas. Una casa sin marcos en las puertas. Sin electrodomésticos en la cocina. Sin trozos de parqué en muchos puntos del suelo. Sin focos en el techo. Hace no tanto, demasiado poco, Álvaro puso toda su ilusión en el que iba a ser su hogar. Lo compró en 2010. Por 170.000 euros con garaje y trastero. «Vi el piso piloto y todo muy bien». Fue el primero en comprar. Y el único. Había otras casas alquiladas por la promotora. Pero entonces anidó en la empresa el virus de la suspensión de pagos. Entró en concurso y no vendió más pisos. «Dejó morir la finca, empezó a no pagar la luz y el agua y cortó los servicios. Entre la promotora y los okupas me han tirado de casa», resume Álvaro.

En las 26 puertas de la finca de la calle Sagunto, situada frente al colegio de los Salesianos, a la vista de las aulas donde estudian los niños de Primaria, hay signos de ocupación ilegal. En el tercer piso, LAS PROVINCIAS se topa con una mujer tras una puerta reventada. Dentro se observa un sofá, una mesa…, muebles de un hogar normal. La okupa no tiene problemas en mentir. «Hemos comprado la casa. Vivimos mi marido, mi cuñado y yo». ‘¿Cuánto te costó el piso’, es la pregunta que descoloca a la falsa inquilina. «Uy, no sé, no me acuerdo…», es la evasiva de la inmigrante portuguesa.

Álvaro apenas aguantó dos años y medio en la casa. «Mis padres me decían que me fuera antes, temían por mi vida». No aguantó tras noches oyendo ruidos, contemplando por la mirilla de su vivienda cómo una familia de okupas entraba en el inmueble de al lado, escuchando ruidos, «temiendo que en cualquier momento pudieran entrar en mi piso». Se fue no sin antes colocar en el acceso a su domicilio «una puerta anti-okupas de acero macizo» y una alarma. No sirvió de nada. «De la puerta ya nunca se supo», lamenta el joven mientras contempla los marcos de las puertas arrancados, los cables desgarrados, el suelo reventado y los electrodomésticos de su casa desaparecidos.

Sin ayuda de Ribó

Sus peticiones de ayuda han sido desoídas una tras otra. Su intento de recibir auxilio judicial cayó en saco roto. «No está suprimida la habitabilidad de la puerta 14», afirma una fría providencia del juzgado de instrucción número seis de Valencia, una resolución que no valora los rastros de orina que plagan la escalera del inmueble, la basura desperdigada por toda la finca, los objetos arrojados a la calle más de una vez por los okupas, la ausencia de cristales en varias ventanas y el riesgo de caída accidental desde alguna de las cinco alturas.

Tampoco los intentos de Álvaro por recibir ayuda del Ayuntamiento de Valencia han tenido fruto, como su petición de quedar eximido del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). «Le escribí a Joan Ribó pero me dijeron que no pueden hacer nada, que me buscara un abogado». A Bankia, con quien tiene la hipoteca, le propuso la dación en pago (aún la pide), la permuta por otro piso del banco o la carencia del pago de cuotas. «Me lo denegaron todo». Su negro futuro recae en manos de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), más conocida como el ‘banco malo‘. «No mueven ni un dedo por echar a los okupas y lograr que el edificio sea de nuevo habitable».

Álvaro se topa también con la incongruencia legal de que no se puede actuar globalmente contra la ocupación de toda la finca. «Hay que poner una denuncia puerta por puerta, y con nombre apellidos, y como hay una persona, mañana otra y al día siguiente, otra, pues no hay nada que hacer…». La esperanza del joven profesor es que Bankia escuche lo casi es ya un ruego de aceptar la dación en pago de la vivienda. «Ya me da igual recuperar lo que he pagado o lo que me gasté en reformar la casa. Da igual. Quiero quitarme esto de encima, librarme de la pesadilla y vivir de una vez por todas».

Fuente: lasprovincias.es