Pese a que no tiene competencias de regulación, el Ayuntamiento de Madrid ha encontrado un resquicio legal para paralizar la conversión de inmuebles en bloques de apartamentos turísticos y ya ha conseguido frenar que 12 inmuebles del centro de la ciudad (alrededor de 250 viviendas) pasen de tener un uso residencial a terciario, lo que abre la puerta a montar alojamientos para turistas.

Estos establecimientos se han convertido en los últimos años en un grave problema para la ciudad, provocando la gentrificación de determinadas zonas, sobre todo en el centro de la ciudad, el aumento del precio del alquiler y la competencia desleal que suponen para los hoteles, ya que no pagan impuestos y no tienen que cumplir los numerosos requerimientos de uso que sí tienen los establecimientos hoteleros.

Según el último estudio encargado por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, la oferta de este tipo de viviendas turísticas ha pasado de 10.000 (37.000 camas) en 2015 a 20.000 (74.000 camas) en 2016, lo que supone un aumento del 100%.

La gran mayoría, 17.000, no están registradas en la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias sobre su regulación y que ha elaborado un nuevo decretopara tratar de poner freno a esta práctica. Un decreto considerado «totalmente insuficiente» a ojos del Ayuntamiento de la capital, que ha iniciado su propia vía de ataque.

Un mensaje a los inversores

El Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Consistorio madrileño viene desarrollando en los últimos meses una «estricta» aplicación del artículo 8.1.28 de las normas urbanísticas del Plan General. Una interpretación de esta instrucción da la posibilidad al Consistorio de denegar la tramitación de Planes Especiales para cambiar de uso residencial a terciario los edificios que pisen patios de manzana, que son la gran mayoría.

Así, según fuentes del Área, se ha inadmitido por razones de legalidad el cambio de uso en 12 inmuebles, en los distritos de Centro, Chamberí y Salamanca, entre otros. «Queremos lanzar un mensaje a los inversores», señala el edil de Urbanismo, José Manuel Calvo. «Que cuando compren un edificio lo pongan en alquiler en base a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Si rehabilitas el edificio y lo pones en alquiler es muy legítimo, pero para alquilarlos o venderlos para ir a vivir, no para ganar dinero a corto plazo con viviendas turísticas», precisa el edil.

No obstante, sigue existiendo la posibilidad de, mediante licencia directa, sustituir -donde no haya patio de manzana- el uso residencial por terciario pues es un uso alternativo en casi todas las zonas, una puerta abierta a los fondos buitres que el Ayuntamiento también quiere cerrar.

Nueva regulación regional

Entretanto, la nueva regulación que prepara la Comunidad de Madrid establece que las comunidades de vecinos podrán prohibir que haya viviendas turísticas en su edificio y que las plataformas que comercialicen con viviendas, como Airbnb, estén sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo.

Para Calvo el decreto «no resuelve nada» la problemática. «Es que con este decreto la administración retira su responsabilidad y la deja en manos de las comunidades de vecinos, que además para poder vetar que haya pisos turísticos tienen que aprobarlo por unanimidad, algo muy difícil», precisa Calvo, que señala que la normativa «abre la veda y es más de todo vale». «No sirve y va a generar muchos problemas», pronostica.

Para el Área del Ayuntamiento habría que tomar tres medidas. Una de ellas, que ya aplican ciudades como Ámsterdam, es establecer un máximo temporal de ocupación turística, por ejemplo, 60 días. Transcurrido ese plazo, la casa saldría de la oferta (web) hasta el año siguiente. Otra sería que el propietario garantice que se trate de vivienda habitual. Esto se controla presentando un certificado de empadronamiento. Así se evitaría que particulares o empresas puedan comprar varias viviendas para lucrarse con sus alquileres. Una última sería fijar una tasa municipal, establecida en colaboración con los propios operadores, como Airbnb, que contribuya a financiar los sobrecostes (transporte, limpieza, agua…) que para los servicios municipales tiene la actividad turística.

Fuente: elmundo.es
Autor: Roberto Bécares
Fuente imagen: elmundo.es