Aunque el término no le gusta especialmente, Carmina Piris se autodefine como la «presidenta descabezada» de la comunidad de propietarios Faro del Mediterránea,

una idílica zona de la costa de Cullera que no invita a resoluciones judiciales complicadas, sino a disfrutar del agua y de las playas del mar Mediterráneo. Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula la creación de la comunidad de propietarios de esta urbanización supone un duro golpe para un colectivo que nació en 2009 y que ha vivido multitud de episodios en tan corto espacio de tiempo. Una asamblea que la alta instancia definió como «caótica» y que genera diversas interrogantes a partir de ahora, la principal: cómo renacer de las cenizas. Pero otra de las troncales afecta al modo de pagar un servicio como el del agua potable. La empresa mixta Aigües de Cullera está manteniendo, según reconoció Piris, una actitud de espera «encomiable» ante lo que se les ha venido encima. No en vano, los vecinos, que debían pagar de manera conjunta, punto clave que generó esta situación, según la hasta hace poco presidenta, adeudan alrededor de 165.000 euros a la concesionaria. El hecho de que una parte de los vecinos, a título individual, quisiera pagar, no es posible y ha generado este laberinto al que no se ve salida al menos a corto plazo.

Desde Aigües de Cullera saben que el tiempo de recibir el dinero no está ni mucho menos a la vuelta de la esquina, y mucho menos tras la sentencia del Supremo, por lo que su respuesta está siendo la de tratar de templar gaitas y calmar los ánimos para no verse perjudicados sin recibir el dinero que se les adeuda.

¿Y qué cabe hacer a partir de ahora? Con la amenaza de un nuevo corte de suministro del servicio sobre la mesa, según reconocieron desde la empresa, la llegada del verano se perfila como el momento en que ésta podría cumplirse. No en vano, la medida, si se tomara en estos momentos, apenas afectaría a alrededor de una decena de vecinos.

Con el calor en la costa cullerense y cerca de 300 familias, algunas de ellas propietarias de viviendas con piscinas, la decisión de Aigües de Cullera sería más traumática para ellos. La amenaza ya se concretó el pasado mes de agosto. Aunque ni siquiera pasaron unas horas antes de que los propietarios decidieron convocar una asamblea y prometer a la empresa que pagarían de algún modo. Pero esa es sólo una parte del problema, mucho más complejo.

Los representantes de la comunidad de propietarios que impulsaron este proceso y que insisten en su legalidad se aferran a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que señalaba que quienes estaban en la asamblea, algunos de los que posteriormente presentaron una demanda, no comentaron nada en ese momento ni manifestaron su intención de alegar contra los acuerdos ahora anulados.

Pero, frente al TSJ, al que se agarra la dirección de la comunidad, ni la primera instancia que juzgó este caso, el tribunal de Sueca, ni hace pocas fechas el Supremo, han dado la razón a los dirigentes y han considerado que no se respetaron las garantías jurídicas de los miembros de la comunidad. Tras la asamblea de constitución de la comunidad de propietarios, en abril de 2009, Juan Antonio Vayá, Judith María Valiente, Salvador Orón, Vicente Vayà, Adela Ibara, Modesto Diego Cano, Pedro José Poyatos, José María Viñals y posteriormente José Vicente Ricart, María José Sanz, Urbana Monasterios SL y Rafael Amutio interpusieron la demanda de juicio ordinario contra la comunidad de propietarios de esta zona costera.

Ahora, con la incertidumbre por medio, Piris reconoce que todo el trabajo realizado a lo largo de los últimos años por la dirección de la comunidad se ha ido al garete.

FUENTE: LAS PROVINCIAS