Las comunidades de propietarios no ganan para sustos. Tampoco para hacer frente a la carga económica que conllevan las ocupaciones ilegales, el vandalismo o la morosidad, que, aunque ha bajado un 8,5%, sumó 1.655 millones de euros en 2016. Pero si algo les supone un daño en sus maltrechas arcas son los robos. En la firma Prosegur registran que las incidencias en bloques de pisos han crecido un 10% en el primer semestre. Los ladrones no dan respiro a las fincas, sobre todo a las que cuentan con trasteros y garajes. «Los trasteros están continuamente en el foco de los intrusos y de los vehículos roban hasta los catalizadores», dice Juan Antonio Díaz, responsable de comunicación de Prevent.

Un ejemplo que da idea de las pérdidas económicas que significan los robos para los propietarios son las bicicletas, que protagonizan el 85% de las sustracciones. «Su precio puede oscilar entre los 300 y 700 euros de media, así que, si tenemos en cuenta que en España se roban alrededor de 90.000 bicicletas al año, la pérdida económica puede rondar los 40 millones de euros. Si añadimos herramientas, equipos de sonido o material deportivo, la cuantía es superior», señala Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

Además, hace apenas un mes ha aterrizado en el mercado español la seguridad inteligente y activa, que supone un punto de inflexión en la forma de proteger los inmuebles. Se trata de un sistema pionero desarrollado por la empresa Prosegur, ya operativo en Argentina y Uruguay y ahora en España, donde la tecnología permite verificar lo que sucede en un edificio en tiempo real. Le han bautizado como Ojo de Halcón y ya está instalado en más de una decena de fincas en Madrid. Se trata de una estación de vigilancia, una especie de tótem de 2 metros de altura por 70 centímetros de ancho, que se coloca en el acceso principal del edificio y permite la comunicación e interacción entre los vecinos y un vigilante que aparece visible en una pantalla de 32 pulgadas durante las 24 horas del día, aunque se encuentre en la central receptora de alarmas. «Interactúa en tiempo real y de forma permanente con los usuarios cuando entran o salen de los inmuebles, y en caso de incidencia envía una alerta al servicio de intervención inmediata, prestado a través de vigilantes motorizados, y avisa a la Policía», explica Israel Casaseca, director comercial de Prosegur Alarmas España.

Al no estar expuestos a ningún ataque físico, los vigilantes pueden presenciar al instante cualquier acontecimiento inusual. Además, el equipo dispone de un sistema de alimentación ininterrumpido que mantiene en funcionamiento la instalación aunque se produzcan cortes de luz.

El coste del sistema, que cuenta como mínimo con dos puestos de vigilancia, en una comunidad tipo es de unos 10 euros al mes por vecino, un tercio de lo que representa cualquier solución de seguridad tradicional, comenta Casaseca, que recuerda que no solo está pensado para grandes urbanizaciones, sino también para bloques de pisos. Prosegur prevé el lanzamiento del invento en ocho países. En los próximos meses llegará a Portugal, Chile, Perú, Paraguay y Singapur.

Mientras tanto, los vecinos se sirven de los sistemas tradicionales, como cámaras, alarmas y control de accesos. «Las fincas destinan una partida a seguridad que suele estar entre los 500 y los 3.000 euros al año», comenta Díez. La compañía Prevent estima que una finca puede contar con sistemas de seguridad profesionales y adaptados a la normativa desde menos de un euro al mes por vecino.

Aunque los proyectos deben ser un traje a medida. No es lo mismo un bloque de seis vecinos que una mancomunidad de 500 con varios portales, garajes y amplias zonas comunes. Las pequeñas optan por colocar una cámara en el portal o en el ascensor. Nada que ver con las urbanizaciones, que precisan de videovigilancia en garajes, trasteros, portales e incluso en el perímetro. Y otras se han decantado por la solución más barata pero menos inteligente: instalar cámaras falsas, algo que no evita los robos y además puede derivar en una sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, avisan desde Prevent.

Prevención y disuasión

La principal función de las cámaras de seguridad es la prevención y disuasión de delitos, pero no es la única. «Mejora la convivencia entre vecinos evitando actos vandálicos, previene la ocupación ilegal de viviendas, los pisos turísticos ilegales y permite el control de los empleados (conserjes, jardineros, mantenimiento…)», enumera Juan Antonio Díaz. Y han demostrado ser muy útiles en la investigación de siniestros, estafas y falsas denuncias. Las cámaras se pueden conectar con una central receptora de alarmas que, en caso de emergencia, dará aviso a la Policía.

Por su parte, el control de accesos es habitual en los garajes, aunque su uso se está extendiendo a portales y entradas a las pistas de pádel, piscinas o gimnasios. «Es un sistema de seguridad, no debemos confundirlo con simples abrepuertas», dice Díaz.

Permiten o deniegan la entrada mediante la asignación de permisos que pueden limitarse por usuarios o por horarios. Así, cada vecino tiene un dispositivo único (mando, tarjeta, pulsera o teléfono móvil) con códigos encriptados e incopiables y en caso de que se pierda o sea robado puede ser anulado de forma remota.