La Inspección de Trabajo de Málaga ha activado un control entre las comunidades de vecinos para comprobar su adecuación a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y asegurarse de que las personas y empresas que realizan las tareas de obra y mantenimiento en estos edificios y urbanizaciones cuentan con su preceptivo contrato laboral y tienen todas las garantías de seguridad.

La Inspección comenzó esta actividad en Torremolinos el pasado mes de septiembre y ha remitido ya unas 600 misivas –300 en 2013 y otras 300 en este 2014– a comunidades de propietarios de esta localidad para conocer su situación, según explicó a este periódico el responsable de la Inspección, Alfonso Conejo.

Alrededor de un 5% ha contestado presentando el alta laboral ante la Seguridad Social de algún trabajador del que no había constancia, lo que se entiende en la Inspección como la regularización de una situación que hasta este momento era anómala.

El resto, o bien ha acreditado los contratos con las personas o empresas externas que desarrollan estas tareas o ha informado de que los trabajos son realizados por los propios vecinos debido al pequeño tamaño del edificio y recinto comunal.

También hay un porcentaje de comunidades que aún no han contestado o que no han recibido la notificación por estar mal censadas, lo que ha obligado a la Inspección a reenviar el requerimiento, explicó Conejo.

El control de la Inspección, no obstante, responde a una criba previa, ya que se está excluyendo del envío de estas misivas a las comunidades de vecinos que sí aparecen inscritas en la Seguridad Social. Se entiende que en estos casos, la inscripción revela que la comunidad está asumiendo su condición de empresaria, y tiene regularizadas a las personas que les hacen las tareas.

«No es que sea una campaña específica en el programa anual de la Inspección, pero sí es una actividad que se ha iniciado ante la sospecha de que existe una bolsa de fraude asociada a este segmento. Y hemos empezado por Torremolinos porque hemos visto que era una de las localidades donde había más diferencia entre el número de comunidades y las que realmente están inscritas en la Seguridad Social», apuntó.

La idea es, cuando se termine de peinar Torremolinos, seguir por otras localidades costeras, entre ellas también Málaga capital y su área metropolitana. En todo caso, será una actuación a largo plazo, debido a los limitados recursos con que cuenta la Inspección.

Apoyo de los administradores

Por su parte, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Fernando Pastor, aplaude la iniciativa de la Inspección, que previamente les consultó acerca de la coyuntura que atraviesan las comunidades.

«Al margen del empleo sumergido que aflore, lo importante es que este control concienciará a las comunidades para tener todo en regla», apuntó. Desde un punto de vista corporativo, Pastor dijo que esta iniciativa evitará además el «intrusismo» en el sector por parte de firmas «piratas» que ofertan servicios a las comunidades sin dar a sus trabajadores de alta.

Uno de los problemas de fondo, según recordó, es que las comunidades de propietarios sufren unas elevadas tasas de morosidad por parte de vecinos y bancos, lo que les ha originado un agujero económico de unos 74 millones de euros en toda la provincia, según un reciente estudio publicado por el Colegio de Administradores de Fincas.

Ante esta situación, muchas comunidades se han decantado por el autoempleo de vecinos morosos y en paro a la hora de realizar las tareas de limpieza, mantenimiento o jardinería. Se calcula que en torno al 20% de comunidades usan este recurso aunque, en algunos casos, sin regularizarlo.

«En muchos casos son los propios vecinos morosos los que se ofrecen hacer estos trabajos para saldar la deuda, pero sin que se firme contrato. Y por ley una comunidad tiene las mismas obligaciones que una empresa. Una cosa es que haya una comunidad de pequeño tamaño donde los vecinos acuerdan limpiar por turnos la escalera y otra que haya un vecino que hace regularmente tareas de pintura o cuidado del jardín. En este caso hay que hacer un contrato», comenta.

Las personas que trabajan al cuidado de un bloque o de una urbanización realizan además labores mantenimiento eléctrico o poda de árboles, con el riesgo de trabajar en zonas peligrosas o elevadas.

Precisamente este intrusismo, que a veces se da por el desconocimiento vecinal de las normas, ha originado quejas y denuncias de empresas de limpieza y mantenimiento que también están en el origen de esta campaña de la Inspección de Trabajo de Málaga para poner coto a este empleo sumergido.

FUENTE: LA OPINION DE MALAGA