El ministerio fiscal solicita para un empleado de una gestoría de A Mariña, Julio César C.R, cinco años de cárcel por aprovecharse de su puesto de trabajo para estafar durante años a 36 comunidades de propietarios de cuya administración se encargaba y a las que supuestamente les sustrajo de ‘forma ilícita’ un total de 127.268 euros.

 
La Fiscalía también solicita para el acusado, que será juzgado mañana en la Audiencia Provincial de Lugo, una multa de 7.200 euros, mientras que la acusación particular, ejercida por su antiguo jefe, pide seis años de cárcel y una sanción de 10.800 euros.

Por otra parte, la Fiscalía también solicita que el acusado abone al administrador único de la gestoría en la que trabajaba la cantidad supuestamente sustraída de forma ilícita de las cuentas de las comunidades de vecinos, dado que el propietario del negocio se hizo cargo en su día de la devolución de ese dinero.

La acusación particular eleva la indemnización solicitada a un total de 169.494 euros y pide, además, otros 30.000 euros en concepto de daños morales e intereses legales.

En el escrito de acusación, al que EFE ha tenido acceso, el ministerio fiscal explica que el acusado comenzó a trabajar en la citada gestoría en el año 2003 y se ocupaba de llevar las cuentas y de realizar los pagos de un total de ’36 comunidades de propietarios de diversos edificios y urbanizaciones de la localidad’.

‘Probablemente, ya durante el año 2004, comenzó a hacer suyas diversas cantidades de dinero de las cuentas bancarias de las comunidades’, sostiene la Fiscalía.

Para ello, entre otros métodos, el acusado solicitaba ‘talonarios de cheques a nombres de comunidades de propietarios que no los tenían’ y emitía ‘cheques al portador que él mismo cobraba, firmando supuestamente como el presidente de la comunidad’.

En diciembre del año 2007, ‘el acusado admitió ante los responsables de la gestoría’, informa el ministerio público, ‘haber emitido irregularmente 39 cheques, por un importe total de 56.434 euros’.

Además, ‘se había ido adueñando’ de ‘70.833 euros más’ mediante otros procedimientos.

FUENTE: LA REGION