Con nuevo presidente ya en La Colmena, y una vez fue aprobado -dicho sea de paso- el presupuesto de gastos para 2016, se armó la marimorena, aunque con retraso, en la comunidad. Y todo por emular en una nueva junta, esta vez extraordinaria, a los periodistas.

Con menos de un mes de tiempo con respecto a la anterior junta ordinaria, en que fue elegido Mariano nuevo «metomentodo», según desdicha de Paquita, el administrador de la finca, Gregorio, convocó a petición del 25% de los propietarios, y por lo tanto con arreglo a la Ley, una nueva junta. El objeto de la misma: reclamar vía judicial las cuotas pendientes del local que existe en el edificio, un gimnasio.

A la junta acudió por primera vez y para sorpresa de algunos vecinos el propietario del gym, Tomás, familiar lejano de Paquita, al que le une todavía algunas rencillas económicas. De hecho, esta vecina era la única que sabía que podía acudir a la reunión y hacer uso de su voz que no de su voto ¡por moroso! Una voz que su tía (por parte de prima) no dudó en grabar -para colmo de los asistentes-.

Paquita quería demostrar que su «sobrino» mentía sobre sus buenas intenciones de pagar las cuotas atrasadas y aprovechar para sacarle los colores cuando blasfemara sobre ella. Hablamos de insultos o improperios. Ella también los provocó sin medir las consecuencias: algunos vecinos, los que la tenían más ganas, secundaron los insultos. Y no por dar la razón a Tomás, sino por volcar su inquina sobre Paquita.

Entre los «Tú más» que se lanzaron, Mariano, el presidente, descubrió que su vecina escondía una grabadora y puso la voz de alarma entre los allí presentes. ¡Nos está grabando! Pronto surgió la duda de si Paquita estaba en su derecho de hacerlo o debía avisar con antelación al resto de vecinos.

Gregorio aclaró el asunto: «No es asunto baladí Paquita: la grabación de una junta de propietarios sin permiso ni autorización de la comunidad constituye un delito«. Y matizó: «Tan sólo se permite esta grabación a petición de quien ejerza de secretario-administrador como es mi caso y siempre previo informe a la junta y haciendo uso de la misma como herramienta de trabajo para la redacción de las actas».

«Si hubiera comunicado su intención al inicio de la junta, se le podría haber autorizado con la mayoría simple de los asistentes, aunque lo dudo teniendo en cuenta su finalidad», manifestó el administrador. Ahora cualquier propietario está en su derecho de denunciar su osadía ante la Agencia de Protección de Datos, quien dictará la correspondiente resolución. Y terminó: «No por mucho grabar se pilla al acusador».

Fuente: elmundo.es
Autor: Juanjo Bueno