No solicitó ninguna licencia administrativa para realizar unas obras en un conducto de evacuación de una chimenea y con ellas provocó una acumulación de monóxido de carbono que acabó con la vida de tres miembros de una familia. Es la acusación que hace la Fiscalía sobre M.F.C., para quien solicita una pena de año y medio de prisión y el pago de una indemnización de 360.000 euros por tres delitos de homicidio por imprudencia (120.000 euros por fallecido). Esta persona habría hecho los trabajos entre abril y mayo de 2004 en una vivienda situada en un quinto piso de la calle Doctores Castroviejo, en Logroño, donde se produjo un derrumbe de la antigua estructura del conducto de evacuación y combustión de los humos y gases y una importante caída de escombros. Estos cayeron por el hueco de la tubería general de la comunidad y acabaron obstruyendo el conducto de evacuación de una casa en el segundo piso.

La Fiscalía sostiene que el acusado reparó lo derruido volviendo a construir la chimenea, pero sin extraer los escombros acumulados y sin dar aviso a nadie de lo ocurrido. «No dio aviso a la propietaria de la vivienda ni al resto de los vecinos de la comunidad sobre la contingencia ocurrida ni sobre la perentoria necesidad de revisar las consecuencias que podría tener el percance», argumenta el fiscal. Unos meses más tarde, en enero de 2005, un matrimonio y su hija se encontraban de vacaciones en la vivienda que tenía el conducto obstruido y del que nadie sabía nada. Se produjo entonces, por revocación de los gases, «una importantísima acumulación de monóxido de carbono en las estancias de la vivienda que provocó el fallecimiento de estas tres personas», señala el escrito de acusación.

La familia estaba compuesta por un catedrático y escritor de ensayos filosóficos y religiosos, César Tejedor (67 años); una consultora internacional y coordinadora de proyectos para la UE y la ONU, Carmen Ajamil (48 años) y la hija de ambos, de siete años. Los cadáveres fueron descubiertos por la Policía, que acudió al edificio alertada por los técnicos de la compañía del gas que revisaban el edificio a requerimiento de los vecinos. Estos habían detectado previamente un fuerte olor a gas en el edificio, por lo que avisaron a los técnicos, que cortaron el suministro del inmueble y descartaron que tuviera alguna fuga general. Entonces las sospechas se centraron en la casa de esta familia que se encontraba de vacaciones. Al no responder a las llamadas, se dio aviso a la Policía para que forzara la puerta. Ella estaba en un dormitorio encima de la cama, el hombre en la cocina y la niña en el salón, sobre un sofá, según el relato policial.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia y concurre en el acusado la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por lo que procede imponer al procesado la pena de un año y seis meses de prisión así como una indemnización a los familiares de las víctimas de 120.000 euros por cada fallecido siendo «responsables civiles directos las compañías de seguros» tanto de la propietaria de la vivienda reparada como de la Comunidad de Propietarios hasta el límite de sus pólizas. Además, pide la inhabilitación especial para el ejercicio de tareas de albañilería y construcción.

FUENTE: EL CORREO