El Ministerio Fiscal pide 17 años de prisión para cuatro acusados de emitir facturas falsas, a través de empresas de las formaban parte o con cuyos miembros mantenían relación personal, por valor de unos 571.000 euros y pagarlas con el dinero de la Comunidad de Propietarios La Esprilla, la cual administraban.

Según el escrito del fiscal, en diciembre 1999 el principal acusado MA. I. de la R. junto a otras 104 personas y las entidades Proynot y Esmi Cantabria compraron a PROINSA un finca en la localidad del Igollo, en el término municipal de Camargo, y se constituyeron en la Comunidad de Propietarios La Esprilla con la intención de construir 117 chalés en la parcela.

El acusado, para el que el Ministerio Fiscal pide cinco años de prisión por los delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, fue elegido como presidente del Consejo Rector para regir, gobernar y administrar la Comunidad, que se dividió en 117 cuotas con el fin del desarrollo urbanístico ya mencionado.

Para ello, se suscribió un contrato de ejecución de obra con la constructora TECONSA por un precio de 10.426.433,34 euros (1.734.812.538 pesetas), que fue incrementado en 224.513,53 euros (37.355.909 pesetas) en marzo del 2000.

CASI 571.000 EUROS POR TRABAJOS NO REALIZADOS

Desde el momento en que se constituyó la Comunidad, la administración efectiva de la misma la llevaba MA. I. de la R. y él tomaba las decisiones que afectaban a La Esprilla, limitándose a recoger las firmas del resto de miembros del Consejo Rector cuando era necesario y que éstos hacían sin pedirle explicaciones porque confiaban en él. Así, entre diciembre de 1999 y finales de 2001, abonó facturas por importe de 570.951,12 euros (94.998.273 pesetas).

El acusado pagó en nombre de la Comunidad una factura de 60.920,30 euros (10.136.285 pesetas) a la empresa Esmi Cantabria por un estudio de corriente eléctrica y proyección de acometida que nunca se realizó y que, de haberse hecho, no habría tenido el valor pagado. Esta empresa estaba administrada por un familiar directo suyo, JL. I. de la R., para el que el fiscal pide cinco años también por los delitos continuados de apropiación indebida y falsedad documental.

Por otro lado, abonó a la sociedad Proynot dos facturas correspondientes a un proyecto de seguridad para la obra y los derechos de visado de dicho estudio por valor de 31.348,05 euros (5.215.877 pesetas), que sí se realizaron pero que no tenían ese coste. Esta empresa estaba administrada por otro allegado suyo, JL. I.V., a quien el fiscal pide también cinco años por los mismos delitos.

Asimismo, abonó dos facturas por valor de 333.275,40 euros (55.452.361 pesetas) a la Gestora de Comunidades Ostende, que él mismo administraba y que también estaba constituida por los dos anteriores, JL. I. de la R. y JL. I. V., por supuestos trabajos de gestión e intermediación en préstamos hipotecario que no se hicieron y que, aunque se hubiesen realizado, no habrían tenido ese precio.

Además, por idéntico concepto que las facturas anteriores, se pagó al principal acusado 107.844,11 euros (17.943.750 pesetas) por, igualmente, unos servicios que tampoco se realizaron ni tenían, en cualquier caso, dicho valor. También por el mismo concepto y sin que se realizase ningún trabajo, La Esprilla abonó tres facturas a la cuarta acusada y esposa del principal imputado, BA.G.F. -el fiscal le pide dos años por un delito de falsedad documental y apropiación indebida-, por valor de 37.563,26 euros (6.250.000 pesetas) .

«ÚNICA INTENCIÓN» DE OBTENER «BENEFICIO ECONÓMICO ILÍCITO»

«En ninguno de los anteriores casos, las facturas -a excepción de la emitida por Proynot- se corresponden con servicios efectivamente prestados, ni tales servicios, de haberse hecho alguna gestión, tienen semejante valor, sino que las facturas se emitieron con la única intención de obtener por parte de los emisores y MA. I. de la R., que se puso previamente de acuerdo con ellos, un beneficio económico ilícito», considera el fiscal.

En el último tercio de 2001, varios propietarios, ante esas irregularidades y el descontento general porque la construcción de los chalés no prosperaba, convocaron una Junta Extraordinaria en la que se acordó el cese de MA. I. de la R. como presidente del Consejo Rector de la Comunidad.

PENAS

El fiscal pide cinco años de prisión para MA. I. de la R., JL. I. de la R. y JL.I.V. y una multa de 3.300 euros por los delitos continuados de apropiación indebida y falsedad documental, mientras que a BA.G.F., esposa del principal acusado, le imputa el mismo delito pero sin la continuidad delictiva y por ello le pide dos años de prisión y 3.600 euros de multa.

Los cuatro acusados deberán indemnizar a la Comunidad de Propietarios La Esprilla con 572.881 euros, aunque las cuantías que el fiscal establece para cada uno de ellos varían en función del grado de implicación en los delitos que se les imputan.

El juicio, que tendrá lugar casi 15 años después de que tuvieran lugar los hechos, se celebrará esta semana desde el lunes, 10 de marzo, al viernes, día 14, a partir de las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

FUENTE: EUROPAPRESS