Más de uno se habrá preguntado por qué paga 80 euros en la factura del agua cuando su consumo real no alcanza los 20. La respuesta está en las tasas e impuestos que se incluyen en el recibo,

y que no siempre tienen que ver con el suministro y las infraestructuras que lo hacen posible. El Tamer, por ejemplo, es la tasa por prestación del servicio metropolitano de tratamiento y eliminación de residuos urbanos, y es obligatoria tanto en los domicilios particulares como en las actividades económicas. Pese a ello, no todos los vecinos la pagan.

En la localidad valenciana de El Puig hay más de 2.000 viviendas no registradas en la Emtre, la entidad metropolitana para el tratamiento de residuos que recauda esta tasa. Lo confirma la presidenta de la entidad y concejal del Ciclo Integral del Agua, María Ángeles Ramón Llin: «El problema persiste sólo en El Puig». En el resto de zonas de urbanizaciones, «se ha hecho un buen trabajo para dar de alta los pozos de suministro y pasar los recibos a los propietarios de las viviendas».

El suministro del agua desde pozos privados no es ilegal. Se trata de agua no potable que utilizan para el aseo personal, el riego y las piscinas, pero que también se sirve de infraestructuras pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos del área metropolitana. Esto es lo que denuncian algunos de los propietarios de apartamentos de El Puig que sí pagan el Tamer y las tasas de alcantarillado y depuración de aguas. Son minoría, pues de las 3.130 viviendas de las diseminadas de El Puig, más de 2.200 se suministran con agua de riego, sin contabilizar la urbanización Medicalia.

En una factura de Aguas de Valencia se incluye el importe del suministro, según el consumo, la tasa Emtre Tamer, los cánones del agua por depuración y la tasa de alcantarillado. Frente al recibo común, los propietarios de estos inmuebles suministrados por pozos funcionan con un resumen de gastos anual en el que se incluye, junto a jardinería y otros servicios, el coste del agua según la volumetría del edificio, sin rastro de las tasas de residuos, alcantarillado y depuración.

El Ayuntamiento de El Puig pasa la patata caliente a la entidad metropolitana: «Estamos a disposición de la Emtre para que haga lo que dicte la ley», asegura el alcalde popular José Miguel Tolosa. Hasta aquí la versión municipal, que no casa del todo con la de Ramón Llin: «Hace tiempo que pedimos al Ayuntamiento el listado de propietarios para enviarles el recibo del Tamer con retroactividad». Según la coordinadora de Calidad Ambiental del Ayuntamiento de Valencia, «algunos propietarios se niegan a pagar el alcantarillado porque consideran que la propiedad de las calles es suya». «Pleitean contra el Ayuntamiento de El Puig y entre ellos mismos», añade.

Inacción municipal

Lo que está claro es que «unos pagan y otros no», dice el concejal de Compromís Vicent Porta, que admite no haber querido «hurgar en la herida». Cree que es «una cuestión electoral», el temor del alcalde a enfrentarse a más de 2.000 vecinos, pero también «una incapacidad enorme» de un equipo de gobierno al que se le acumulan los problemas: «el depósito de agua de emergencia lleva siete meses inutilizado; los PAI’s para remodelar las urbanizaciones se han anulado; y se muere la pinada».

Mientras la Emtre prepara las facturas para los que no pagan, los vecinos tienen claro que no quieren acabar en Aguas de Valencia. «Veremos si piensan igual cuando paguen las tasas por un agua con nitratos», apunta el edil de Compromís.

FUENTE: EL MUNDO