A falta de un mes para que se celebren las elecciones generales el próximo 20 de diciembre, todos los agentes del sector inmobiliario piden estos días a los partidos políticos mejoras en algunas leyes que les afectan, agilización en los proyectos urbanísticos paralizados e impulso de algunos nichos con porvenir, como la rehabilitación o el alquiler.

Los últimos han sido los administradores de fincas, cuya lucha se centra en consensuar alguna fórmula de financiación que anime a los propietarios a rehabilitar sus edificios de viviendas y en conseguir una regulación profesional de su actividad, que se estima supone un 4% del PIB de nuestro país. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) acaba de presentar sus propuestas a los diferentes partidos políticos.

Por un lado, proponen la constitución de un fondo acumulativo para financiar la rehabilitación de inmuebles. Esta medida, dicen, puede llegar a tener coste cero para las Administraciones Públicas, sin generar déficit público. De hecho, en los proyectos de eficiencia energética las inversiones pueden pagarse con los ahorros obtenidos. Las deducciones fiscales son otra de sus propuestas, porque son inmediatas y no tienen asociado ningún coste de gestión. El IVA, tasas e impuestos municipales deberían ser rebajados para las obras de conservación y rehabilitación.

Este colectivo propone una oficina única de tramitación de las ayudas, para que profesionales y ciudadanos puedan tener acceso a la información. Además, “el elevado número de normas que afectan a los edificios y las diferencias territoriales perjudica su difusión y complican su aplicación, por lo que se propone que las principales obligaciones sean similares en todo el país y se mantengan de manera continuada en el tiempo”, apuntan en el CGCAFE.

Nada de patito feo

Otra de las defensas se centra en el alquiler. “Es fundamental eliminar la necesidad de registrar los contratos de arrendamiento, porque, contrariamente a lo que se ha pretendido, el registro perjudica la seguridad y el dinamismo del arrendamiento, y menoscaba los intereses del arrendatario por los costes derivados de este registro. También perjudica al arrendador por los inconvenientes que genera, en la práctica, su registro y posterior cancelación a la finalización del contrato”, explican los administradores de fincas. Para que el alquiler deje de ser el patito feo proponen incentivar fiscalmente el arrendamiento y buscar nuevas formas de acceso a la vivienda, como la compra temporal o parcial o el derecho de uso, entre otros.

Más cambios, esta vez en la Ley de Propiedad Horizontal, que a su juicio debería regular el uso de la tecnología en las comunidades de propietarios para favorecer la participación en la toma de acuerdos y mejorar la administración de los inmuebles. “Se necesita una nueva Ley de Propiedad Horizontal para los edificios del siglo XXI, ya que los costes y las obligaciones de los propietarios son mucho mayores y se debe disponer de una norma sencilla y rigurosa que facilite la adopción de acuerdos y una gestión ágil y transparente”.

Administradores de fincas con seguros

Por último, el CGCAFE solicita una regulación adecuada de la actividad de los administradores de fincas profesionales y el establecimiento de la obligación de disponer de los seguros necesarios que aporten garantías suficientes a los consumidores. “Las crecientes obligaciones técnicas, jurídicas, laborales y fiscales que afectan al mundo inmobiliario requieren de una gestión profesional, eficaz, segura y responsable”, explica Salvador Díez, presidente del CGCAFE.

Los partidos políticos parecen estar en la misma línea que los administradores, al menos en lo referente al alquiler y la rehabilitación. Esta semana los responsables de vivienda del PP, PSOE y Ciudadanos han debatido sus propuestas en una jornada organizada por la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). Coinciden en que el stock de vivienda sigue siendo muy abultado y en que al menos a corto plazo, durante la próxima legislatura, será preciso facilitar el acceso a un techo, especialmente a los más jóvenes, a través de la rehabilitación del parque inmobiliario existente.

Otro punto de coincidencia entre las fuerzas políticas es la necesidad de seguir impulsando el alquiler. No obstante, se plantean explorar fórmulas alternativas de acceder a la vivienda además de la compra y el arrendamiento. El PSOE apuesta por establecer un parque público de vivienda, en el que el casero sea una empresa mixta, que se integre con aquellos con los que ya cuentan las comunidades autónomas y los ayuntamientos

Ciudadanos apuesta por la cesión en uso, aunque también ha abogado por reforzar la vivienda en alquiler social. El PP habla de continuismo en las políticas de alquiler y ha dicho que el PP prevé seguir impulsando durante la próxima legislatura el alquiler en beneficio de las familias más desfavorecidas.