El servicio de Coordinación Jurídica, Licencias e Inspección mantiene abiertos 15 expedientes sancionadores por obras ilegales, como cerramientos de fachadas, recrecimientos de áticos y sobreelevados, en distintos puntos de la ciudad. La Concejalía de Coordinación Jurídica, al frente de la cual ha estado estos últimos cuatro años Félix Crespo, reconoce que puede haber más obras ilegales, sin embargo, no se han denunciado. Uno de los casos más sangrantes es el de la urbanización La «Penyeta» del Saler, donde varias terrazas de adosados ocupan desde hace 15 años de manera ilegal la duna fósil protegida.

La mayoría de infracciones urbanísticas se conocen y se pueden sancionar tras recibir una denuncia vecinal, de la comunidad de propietarios del mismo inmueble o de vecinos de los edificios próximos que se ven perjudicados por las obras.

Así al menos lo reconoce el propio ayuntamiento, que asegura que este tipo de infracciones son difíciles de detectar si no es por la denuncia de los particulares. Puede suceder que los inspectores municipales, detecten alguna actuación ilegal cuando supervisan alguna obra, si bien son las menos.

Se trata de procedimientos largos y farragosos. Tras incoar el expediente de reposición de la legalidad urbanística sin que el infractor haya demolido la obra efectuada sin amparo de la licencia municipal, el ayuntamiento empieza a poner multas coercitivas. Puede imponer hasta diez. Cumplido este trámite y si el infractor continúa llamándose a andanas, el consistorio puede acudir a la vía judicial para que el juez autorice la entrada en la propiedad privada para que el ayuntamiento proceda a la demolición de las obras. Un extremo que, al menos en los últimos cuatro años, no ha llegado a darse. Cuando el infractor recibe el requerimiento judicial, suele avenirse y derribar la obra ilegal, apuntan fuentes de la concejalía de Licencias.

Uno de los últimos casos que ha tramitado el ayuntamiento es el de un cerramiento ilegal en el último piso de un edificio ubicado en el número 2 de la calle Corona. El expediente se remonta a 2004, cuando se advirtió la obra ilegal y se decretó la demolición. El ayuntamiento acaba de aprobar la imposición de la décima multa coercitiva por importe de 1.251 euros. El ayuntamiento de Valencia ha tenido que proceder a la publicación en un diario oficial del anuncio de la imposición de la décima multa al no localizar al propietario del inmueble para notificarle la sanción.

El ayuntamiento también tiene en el punto de mira un ático en la calle Cirilo Amorós donde se han realizado obras sin licencia de cubrimiento de la terraza. En este caso va por la quinta multa coercitiva y también se ha recurrido a una publicación oficial para notificar la sanción ante la imposibilidad de notificar la sanción al titular del inmueble.

FUENTE: LEVANTE EMV