El Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón aconseja que las comunidades cuenten, como mínimo, con un fondo de reserva del 10% para hacer frente a imprevistos o subidas

El aumento en los costes de la energía y materias primas, así como la inflación han hecho mella también en las comunidades de propietarios. Tanto es así que, las que no han sido previsoras y no han incrementado el capital en su fondo de reserva, se enfrentan a aumentos de hasta un 30% en sus cuotas. Así lo afirma el vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Joaquín Rambla. «En comunidades de propietarios en las que nunca se ha incrementado la cuota, y por lo tanto, no cuentan con un fondo de reserva suficiente, sí que es posible que tengan que incrementarla hasta un 30% para poder hacer frente a los gastos», asegura. Sin embargo, añade, «hay comunidades que en lugar de pagar 170 euros que es lo que les toca, llevan años pagando 200 euros en vista a esta situación y esas tienen un stock considerable, por lo que no les va a afectar tanto este incremento del gasto que supone ahora mantener una comunidad». En este contexto, Rambla aconseja que las comunidades de propietarios cuenten, como mínimo, con un fondo de reserva del 10%, un stock que les permitiría hacer frente tanto a imprevistos como a subidas derivadas de la situación de crisis actual. Como asegura, además de la subida del coste de la energía, el hierro, al igual que otras materias primas, han incrementado su precio, por lo que los costes de las reparaciones en elementos comunes así como en las rehabilitaciones de los edificios, van a suponer mucho más dinero ahora. Además, Joaquín Rambla señala que muchas comunidades de propietarios, por intentar ahorrar frente a esta subida de costes que lleva ya tiempo produciéndose, han desatendido las necesidades de saneamiento recomendadas en algunas fincas, y eso ha producido el efecto contrario, grandes gastos de dinero para solucionar grandes desperfectos que se podrían haber evitado en caso de haber solucionado las pequeñas incidencias en lugar de dejarlas pasar. Uno de los ejemplos de repercusión que está teniendo el incremento de los costes energéticos en las comunidades de propietarios es palpable en una finca de la calle Río Palancia de Castellón. Sus ocho vecinos han tenido que incrementar han tenido que incrementar la cuota trimestral de 200 a 250 euros debido al encarecimiento del gasto en electricidad. Durante el pasado 2022, el coste de la luz se disparó un 40% pasando de 1.278 euros en el periodo entre 2020 y 2021 a los 2.215 euros del pasado año. Por otro lado, Rambla asegura que frente al escenario mencionado, los administradores colegiados están en constante formación, y es que cada vez más las comunidades de propietarios piden que sean perfiles más proactivos, que conozcan el mercado y lleven a cabo su trabajo de la forma más eficiente posible. Por ello, declara el vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas, «se va actualizando y renovando continuamente la formación de estos profesionales, tanto a nivel jurídico, como técnico, laborales o fiscales». «Es necesario que tengan la información actualizada para poder asesorar de forma correcta», apunta. Rambla asegura que muchos vecinos o presidentes de comunidades ejercen de administradores de fincas sin estar capacitados para ello. «Hace 20 años, cualquiera podía gestionar una finca pero ahora han surgido nuevas responsabilidades, leyes y factores que influyen directamente en ellas y se necesita una capacidad y formación específica para ello», mantiene. Además, añade que «un vecino cualquiera no tiene la formación para gestionar una finca y aparte de que se le pueden escapar cosas, no tiene ningún tipo de seguro frente a una mala gestión. En cambio, los administradores de fincas colegiados tienen seguros de responsabilidad civil y de caución por si hubiera alguna negligencia a la hora de llevar a cabo el trabajo». LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES SE MANTIENE La morosidad en las cuotas de los propietarios de viviendas en las comunidades de fincas iba a resistir a la ola inflacionista. Esta es la predicción que Joaquín Rambla hacía el pasado mes de octubre a este rotativo, cuando resaltaba que «en la provincia de Castellón se mantendría, frente a la amenaza de la inflación, una tendencia consolidada durante años de respetar las obligaciones con los vecinos del bloque aunque este compromiso implique otros sacrificios económicos». Así, el ‘número dos’ del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón se atrevía a pronosticar un ligero repunte en los impagos de los propietarios de viviendas en los residenciales de la provincia. En concreto, la información que manejaba el Colegio de Administradores de Fincas aludía a que los números rojos en las cuentas de las comunidades de propietarios podían crecer entre un 3 y un 5% en lo que restaba de 2022 como consecuencia de la escalada de costes. Y las previsiones de Rambla no eran equívocas, puesto que en estos momentos, Rambla señala que el porcentaje de morosidad se mantiene entre el 0 y el 10%, un porcentaje bastante bajo si tenemos en cuenta que en algunas comunidades las cuotas se van a incrementar hasta un 30% como consecuencia de la inflación y el aumento de los costes de la energía y las materias primas. En este contexto, asegura que en las comunidades donde hay morosidad, se tienen que incrementar las cuotas para poder cubrir ese dinero que falta, ya que si no, no se podría hacer frente al gasto. Aún así, incide que en Castellón apenas existe este problema y la poca que hay es «morosidad circulante», puesto que «se va cobrando de unos y va faltando por parte de otros», por lo que la deuda está en continuo movimiento. En este escenario, el profesional asegura que recientemente ha surgido una novedad legal por la cual la comunidades pueden recuperar el dinero de los vecinos que no han cumplido con sus obligaciones legales. «Cuando un propietario deja de poder hacerse cargo de su vivienda y esta es embargada por el banco, se aprobó recientemente una ley por la que la comunidad puede exigir a la entidad bancaria que pague las deudas derivadas de ese vecino deudor del año en curso, así como de las tres últimas anualidades, algo que antes no estaba permitido. De esta forma, los vecinos no tenían ninguna oportunidad de recuperar el dinero», asegura el ‘número dos’ del Colegio de Administradores de Fincas. Fuente texto e imágen: elmundo.es