Dos años de cárcel, una multa de 360 euros y el pago de una indemnización de 40.000 euros. Esa es la pena que ha aceptado esta mañana, previo acuerdo entre las partes, S. P. P., la administradora de fincas acusada de quedarse 83.433,37 euros de diferentes comunidades de propietarios, que se ha reconocido autora del delito continuado de apropiación indebida del que la acusaban Fiscalía y acusación provisional.

En la vista oral, celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, la acusada ha reconocido los los hechos descritos en el escrito de acusación: que era socia y trabajadora para una empresa de aministración de fincas y que su trabajo consistía en la preparación de las juntas de propietarios, asistencia a las juntas, despacho con los presidentes y responsables de las comunidades, elaboración de presupuestos, llevanza contable y presentación de cuentas anuales€ en definitiva se encargaba de la administración exclusiva de determinadas comunidades de propietarios de Avilés. El Ministerio Fiscal sostiene que, en el periodo comprendido entre enero de 2009 y julio de 2016, momento en que cesó como trabajadora la empresa, la acusada se quedó con determinadas cantidades de dinero de las comunidades que administraba, utilizando para ello cheques al portador que ella misma rellenaba e iba a cobrar al banco y que los presidentes de las comunidades le habían dejado ya firmados para cuestiones relacionadas con la comunidad. De esta manera consiguió quedarse con 83.433,37 euros.

Por ello, el Ministerio Público solicitaba una pena de 5 años de prisión, una multa de más de 4.300 euros y el pago de una indemnización de 83.433,77 euros para la empresa. Finalmente, y tras el acuerdo, S. P. P. fue condenada a 2 años de prisión, una multa de 360 euros y el pago de 40.000 euros al despacho para el que trabajaba. Defensa y acusación particular acordaron que la denunciada abone el montante a razón de 500 euros al mes desde enero.
Fuente: lne.es

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