La Guardia Civil ha detenido en Oropesa del Mar (Castellón) a dos responsables de una empresa de administración de fincas por apropiarse indebidamente de 90.000 euros de comunidades de vecinos destinados a obras y otros servicios, con un total de 662 afectados.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil en un comunicado, los detenidos son un hombre y una mujer vecinos de Oropesa del Mar, a quienes se les acusa de un delito de apropiación indebida y falsedad documental.

La actuación de la Guardia Civil se inició en enero de 2013, después de recibir una denuncia en la que se informaba de que se podían haber cometido varios delitos de los que eran perjudicados vecinos de edificios y comunidades situadas en una urbanización de la ciudad.

Las urbanizaciones estaban gestionadas por una mercantil dedicada a la administración de fincas. La Guardia Civil inició una investigación y procedió al estudio de la abundante documentación presentada por miembros de las comunidades de propietarios afectadas.

Entre los documentos se hallaron irregularidades que hicieron pensar a los agentes que los responsables de la empresa ingresaban en las cuentas de la mercantil, o en otras compañías asociadas, el dinero confiado por las comunidades para efectuar los pagos propios de mantenimiento, pago de facturas y realización de obras o reparaciones en los edificios.

También se hallaron irregularidades en los cierres contables de la mercantil. Se calcula que la cantidad de dinero apropiado indebidamente asciende a más de 90.000 euros, con un total de 662 afectados.

Tras la investigación se ha podido localizar y detener, el pasado día 22, a E.C.M., de 51 años, y P.R.P., de 32 años, de nacionalidad española, que han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón.

Relacionados con estos hechos, a lo largo del año pasado también se esclarecieron otras apropiaciones menores, en las que la misma empresa administradora utilizaba con fines distintos las cantidades de dinero entregadas.

En algún caso estas cantidades desviadas ascendían a 8.000 euros, y eran entregadas por los compradores de inmuebles para la realización de trámites de compra y pagos asociados.

Por estas irregularidades ya se detuvo once veces al administrador de esta mercantil, P.R.M., cuyo caso está en los juzgados.

FUENTE: ABC.ES