La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un año de prisión al presidente de una comunidad de propietarios de Fuengirola por apropiarse indebidamente de más de 8.300 euros,

una suma que tendrá que devolver a sus vecinos. Además, se le absuelve de dos delitos de falsedad y de uno de estafa.

Según consta en el apartado de hechos probados de la sentencia, J. G. B. tiene antecedentes penales por delito de apropiación indebida que, sin embargo, no son computables para determinar la reincidencia. Entre el 7 de agosto de 2006 y el 18 de febrero de 2008, ejerció como presidente de una comunidad de propietarios de Fuengirola. Así, el 8 de marzo de 2006, junto a dos vocales de la junta de propietarios, abrió una cuenta corriente a nombre de la misma con carácter mancomunado.

El 12 de junio de 2006, suscribió otro contrato para tener acceso a la oficina virtual, «obteniendo las claves para operar con las cuentas en las que apareciera como titular o autorizado».

En el periodo de su mandato, con cargo a la cuenta de la comunidad «realizó 16 reintegros en efectivo por valor de 8.385 euros; dos transferencias, una a favor de sí mismo por importe de 1.000 euros el 9 de enero de 2007, y otra de 1.200 euros a favor de un tercero». Finalmente, realizó en ese periodo «ocho transferencias a favor de sí mismo, todas ellas, excepto una de 1.000 euros, producida el 30 de enero de 2007 a favor de una entidad», considera probado la Audiencia.

Para disponer de dinero de la cuenta comunal, requería la firma de los tres titulares, por lo que el acusado, siempre según declara probado la Audiencia, «realizó reintegros desde el 23 de octubre de 2006 al 27 de agosto de 2007, con cargo a la indicada cuenta, estampando en el documento su firma e imitando las de los dos vocales». Éstos dos vocales no firmaron ninguno de los escritos, aunque autorizaron al presidente a realizarle.

Además, el presidente de la comunidad realizó el cobro en efectivo, dice la Sala, «a varios vecinos de la comunidad, cobrando de esta manera 1.061 euros, sin que conste que ingresara el dinero en la cuenta comunitaria». El 23 de septiembre de 2008, la comunidad le remitió un burofax conminándole a pagar 8.351 euros correspondientes a sumas no justificadas.

FUENTE: LA OPINION DE MALAGA