Hay propietarios que estos días regresan tras las vacaciones con el miedo a que su vivienda haya sido okupada ilegalmente. Y otros que cierran la puerta de su segunda residencia con el mismo temor. Porque «para uno de cada tres españoles que disponen de vivienda vacacional su mayor preocupación es que sea okupada, por delante del robo», según la encuesta del Instituto Sondea para Securitas Direct. Aunque este fenómeno, que se inicia con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, no se ciñe al verano. Quita el sueño todo el año a los tenedores de casas o edificios vacíos, algo que afecta tanto a particulares como a entidades financieras, Sareb, fondos de inversión, promotores y administraciones públicas. De hecho, solo la Comunidad de Madrid ha desembolsado cinco millones de euros en los dos últimos años en vigilancia, reparaciones, mediadores, policía y limpieza.

Este es otro de los castigos que sufre el propietario, puesto que los inmuebles pierden entre un 40% y un 60% de su valor, según el Instituto Cerdà. El portal Idealista calcula que Asturias es la comunidad donde más tienen que rebajar el precio (65%) y Navarra donde menos (28%). «Por no poder disponer inmediatamente de la vivienda, y no poder enseñarla ni hacer fotos que muestren el estado. Además, los nuevos propietarios se tienen que hacer cargo del proceso de desahucio y de los costes», apuntan en el portal. Los pisos ocupados a la venta tienen una media de 102 metros cuadrados y tres habitaciones.

La usurpación ilegal, sobre todo por parte de mafias, también está provocando el deterioro de la convivencia en las comunidades de vecinos. Entre el 40% y 60% de viviendas ocupadas realizan conexiones fraudulentas. «Se enganchan a la luz y a otros suministros y se producen averías que suponen que haya familias o edificios enteros que se quedan sin calefacción una semana o sin electricidad en las zonas comunes. También se pueden producir incendios y molestias por ruidos, así como entradas y salidas descontroladas», denuncia Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). A esto hay que añadir el chantaje que hacen las mafias a los propietarios: pagar por recuperar su piso.

«El problema más importante es la okupación ilegal por las mafias y organizaciones que actúan en España, para quienes cualquier vivienda que se publicite es un objetivo potencial. Y esto es difícil de combatir», explica Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), que ha calculado que la ocupación ilegal en España creció un 43,19% en 2016 con respecto al año anterior. El organismo ha propuesto medidas para la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil: juicios más rápidos para desalojar una casa y dotar de una mayor rapidez las actuaciones policiales.

Según la Jefatura Superior de Policía, hasta abril de este año había 3.353 pisos okupados en la región. Los distritos de Puente de Vallecas, Usera, Villaverde y Carabanchel son los más afectados; y Fuenlabrada, Leganés y Móstoles los municipios con mayor incidencia. En el caso de Barcelona, los distritos más castigados son Ciutat Vella, Nou Barris, Horta-Guinardó y Sarriá-San Gervasi.

El coste para expulsar a los usurpadores es alto. Los gastos legales y administrativos pueden sumar entre 20.000 y 30.000 euros y rehabilitar el inmueble deteriorado conlleva entre 15.000 y 50.000 euros, según los datos de VPS Group, multinacional de servicios de protección temporal para inmuebles vacíos. Por eso, muchos propietarios, públicos y privados, se han apresurado a prevenir antes que curar alquilando los llamados sistemas antiokupas: puertas, pantallas de acero y alarmas temporales. «Antes la única opción era tapiar los accesos; hoy contamos con estos sistemas mucho más modernos, cómodos y baratos», señala Óscar Aragón, director general del grupo VPS en España y Portugal, que asegura que menos del 0,5% de los inmuebles que protegen son usurpados.

Alquiler de soluciones

«El tapiado es una solución poco práctica. La usan propietarios que no tienen previsto comercializarlo, reformarlo o usarlo a corto y medio plazo y da pistas de que el inmueble va a estar tiempo sin gestión», añade. La firma, que introdujo la puerta antiokupa en el mercado español en 2011, calcula que en lo que va de año han actuado en más de 6.000 casas. Las puertas son fabricadas en acero, se colocan sin obra, no tienen bombín visible y se abren con llaves de seguridad. Las pantallas de acero protegen ventanas, balcones o zonas bajas de fácil acceso. Las alarmas no llevan cableado. El precio medio del alquiler para un particular ronda los 90 euros al mes por una puerta (750 euros si es comprada) y los 45 euros por una pantalla. Si el piso tiene un riesgo bajo —a partir de una segunda altura—, con la puerta sería suficiente. Para bajos, chalés independientes y adosados serían necesarias rejas y alarmas.

Esta y otras empresas que ofrecen productos antiokupas tienen la modalidad tanto de venta como de alquiler. «Los particulares necesitan soluciones rápidas y temporales, durante unos seis meses hasta que alquilan o venden la casa, así que la mayoría se decanta por el alquiler», dice Juan Carlos Parra, responsable comercial de STM Seguridad. Esta compañía también ofrece puertas que se instalan sobre el marco de la principal sin alterarla ni dañarla. «La estructura permite el acceso a la vivienda y es de fácil montaje y desmontaje. El coste es de 300 euros más 75 euros al mes de alquiler», señala Parra. También ofrecen el alquiler de rejas y de alarmas que funcionan con baterías por 99 euros al mes, incluida instalación y mantenimiento.
Fuente: economia.elpais.com
Autor: SANDRA LÓPEZ LETÓN