Tener solo un 30% del aforo, pedir cita previa, los bañistas no podrán excederse del horario marcado ni ir a ninguna otra hora, mantener la distancia de seguridad tanto en el agua como en la pradera -toalla incluida- prohibido el uso de las duchas comunes, limpieza y desinfección al menos tres veces al día de aquellas superficies en contacto frecuente con las manos de los usuarios… Son algunos de los requisitos que el Gobierno ha exigido para la apertura de las piscinas recreativas y que muchos administradores de fincas miran con recelo. Las comunidades de vecinos tienen que ajustarse a esa orden ministerial del 16 de mayo, y decidir abrirlas puede llevar en muchos casos aparejado algún gasto extra no contemplado que «no tiene que acabar siempre en derrama si la comunidad tiene fondos, pero sí incrementa el coste respecto al año pasado», según puntualizan desde el despacho de abogados Echeandia & Alevito. Son muchos los vecinos que más allá del gasto que pueda suponer no votarán a favor de su apertura temiendo los problemas que pueden surgir a la hora de impedir que alguien entre o salga del recinto, por lo que su apertura está en muchos casos en el aire.

Los vecinos pueden establecer las nuevas normas de uso de la piscina comunitaria como consideren, pero los expertos consultados por La Información ven como solución tener que proveer de una persona extra diferente al socorrista al recinto para hacerse cargo de las nuevas exigencias sanitarias aprobadas en la lucha contra la covid-19.  Ya hay vecinos de Madrid que han recibido en sus buzones una propuesta de apertura de piscina, una vez la comunidad pase a la fase 2 de desescalada, en la que se contempla un sueldo extra de 1.500 euros para la contratación «de un vigilante y controlador de acceso a la instalación debido a la responsabilidad y autoridad necesaria en la situación actual, para garantizar que se cumplen las medidas de prevención y seguridad». Desde el Consejo General de Colegio Administradores de Fincas estiman que a nivel nacional ese coste puede rondar de media unos 7.000 euros.

El pasado viernes el ministro Salvador Illa respondía a una de las cartas que dicho colegio envió al Ministerio de Sanidad preguntando qué medidas se debían adoptar de seguridad en las piscinas comunitarias ante su inminente apertura «ya que no había ningún apartado específico para ellas en la norma publicada en el BOE y había sectores de la población que consideraban que esto suponía que dichas normas no les resultan de aplicación», aseguran desde el Colegio a este medio. La respuesta que obtuvieron fue que «la aplicación de la norma se hacía extensiva a las fincas». Ya no hay duda si la había.

Esta corporación de profesionales están buscando en qué medida aconsejar a sus colegiados sobre cómo proceder en las fincas para la correcta apertura de las piscinas cuya titularidad corresponde a una comunidad de propietarios, pero serán los vecinos los que tengan la última palabra y en ciudades como Madrid, que continúa en fase 1, son varios los que ya han corrido a por una piscina hinchable sabedores de que el calor sofocante que está por venir no podrán combatirlo como en años anteriores por lo menos hasta que se decida. Hace un año se debatía sus horarios de apertura y cierre así como el inicio y final de temporada. Ahora esa reunión tiene que ir mucho más allá.

Estos días varios administradores de fincas se está poniendo en contacto con los vecinos para someter a una votación la apertura, o no, de la piscina. Además de los propietarios de las viviendas hay otra figura muy pendiente de estas decisiones: los socorristas. El verano pasado en el caso de Madrid muchos tenían ya el contrato en su poder, mientras que ahora están a la espera de que sean los vecinos los que decidan si este año pueden asumir todos los requisitos necesarios para abrir una piscina de forma segura.

Se da el caso de alguno al que ya le han comunicado la intención de contratarle, subiéndole el sueldo respecto a la temporada anterior, pero encargándole responsable de algunas de las medidas de la nueva norma como la limpieza de las zonas en las que más se pueda extender el coronavirus. En este caso la joven a la que llamaron declinó la oferta porque «sus labores de vigilancia y seguridad para preservar las condiciones de seguridad de las personas que se encuentren dentro del vaso de la piscina», aseguran varios expertos consultados por este medio. De ahí que parezca casi irremediable que se tenga que contratar un servicio extra bien para la limpieza bien para que organice los turnos de los vecinos. El Colegio apunta más problemáticas. «No es posible gestionar citas previas sin personal o, al menos un teléfono y la inmensa mayoría de las comunidades de propietarios carecen de ambos recursos». Se abre ahí otro debate sobre si son los conserjes los que deben encargarse de dicha labor pero ¿pueden tener dicha responsabilidad?

La competencia para regular muchos de los puntos es de la Junta General de Propietarios y ya al margen de la «enorme controversia que supondría tratar de alcanzar un acuerdo para el establecimiento de turnos entre todos los vecinos,  hay que recordar que todavía no están autorizadas las reuniones de las comunidades de propietarios lo que impide esta regulación», señalan desde el Colegio.  Dar cita, reforzar el personal o hacer cumplir con las horas establecidas no son los únicos puntos a tratar por los vecinos. El Gobierno habla de que las piscinas podrán tener una ocupación de hasta el 30%, pero «si se marcan área de uso reservado para cada bañista  y, además, hay que reservar zona para el acceso y de paso (tanto a dichos espacios como al vaso de la piscina) el espacio disponible se reduce de tal forma que el aforo real puede ser muy inferior a ese 30% obligatorio», lo que impedirá aún más el uso y disfrute de la piscina para todos en una sola jornada. Fuente: lainformacion.com

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