Las disputas sobre el acuerdo necesario para construir y mantener esta instalación en una comunidad de propietarios suelen acabar en los tribunales

Cuando aprieta el calor, el debate sobre si poner o no una piscina en la finca se vuelve más encarnizado. Cada año, en esta época, la imaginación de los vecinos se dispara y se visualizan en bañador y chanclas. Ninguna decisión tomada en junta de vecinos resulta un paseo, pero en el caso de las piscinas, la cosa se complica. El principal escollo es la votación para que salga adelante su construcción.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo del 9 de octubre de 2008 declara como doctrina jurisprudencial que la «construcción de una piscina, al modificar un elemento común o hacerlo inservible para otro uso, requiere unanimidad, siendo insuficiente la regla de los tres quintos para su aprobación», precisa Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE). Al sentar jurisprudencia, toda piscina nueva debería requerir la unanimidad de los vecinos, pero en la práctica esto no siempre es así. En este mar de incertidumbre se mueven los vecinos y, sobre todo, los administradores de fincas. En una de las urbanizaciones que gestiona Carlos Torres en Cobeña (Madrid) se aprobó la construcción de la piscina, de 15 por 10 metros, el pasado año por las tres quintas partes de los vecinos. Han decidido acogerse a lo que dice la LPH. Este verano estrenan la instalación, por la que cada propietario debe pagar unos 2.500 euros. Algo más tendrán que esperar los vecinos de la comunidad que administra en Móstoles Federico Cerrato, de la empresa Fisconta. Su construcción se acaba de aprobar por las tres quintas partes. Ahora están valorando presupuestos. «De 112 vecinos, 81 han dicho que sí, por lo que el proyecto lo pagan los que participan en él», argumenta el administrador. El coste final de la piscina, de 18 por 8 metros, asciende a 168.000 euros y cada vecino debe abonar unos 2.100 euros. «Es un tema que suscita controversia, sobre todo, entre los que quieren piscina a toda costa y los que no quieren perder parte del uso del terreno que es comunitario o plantean que produciría ruidos durante las siestas de verano», dice Cerrato. Una vez votada la construcción, el problema está en saber quién paga la piscina. Si ha salido adelante con el voto de las tres quintas partes, solo la costean esos vecinos que votan a favor. El resto no tiene obligación de abonarla, ya que el coste de la instalación supera las tres mensualidades de cuotas ordinarias. Ahora bien, tampoco pueden hacer uso de la piscina, aunque sí de la zona de césped. «La LPH establece diferencias entre las obras necesarias, obligatorias y las de mejora. Si la piscina que se instala se considera de mejora, solo se exigiría las tres quintas partes y en este caso puede impedirse la entrada a los vecinos que no han pagado», dice Díez. Para evitar su entrada se puede instalar un sistema de control de acceso. Algunas comunidades dan tarjetas a los propietarios e, incluso, pueden poner precio a la entrada de los vecinos disidentes. Si después se arrepienten y deciden pagar la instalación, pueden hacerlo, algo bastante habitual. En cualquier caso, siempre pueden impugnar ante un tribunal la decisión de su comunidad para declarar nulo el acuerdo. Las motivaciones de los vecinos para instalar una piscina no suelen ser económicas y eso que revaloriza las viviendas entre un 7% y un 10%, comenta Bajo. Su objetivo es el de disfrutar de una zona al aire libre (calidad de vida, hacer ejercicio…) sin salir de casa, sobre todo cuando hay niños. Ahora bien, no hay que olvidar los gastos de mantenimiento y los costes derivados del servicio del socorrista. La normativa varía por regiones: en la de Madrid, por ejemplo, es obligatoria la contratación de socorristas a partir de 31 viviendas.

Crece la demanda

La demanda de piscinas comunitarias está ayudando al sector, cuya facturación aumentó un 5,45% en 2018, según la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Equipos y Productos Químicos, Mantenedores y Constructores de Piscinas (ASOFAP). En España existen 1,3 millones de instalaciones, de las que 82.000 son comunitarias. El 95% son de obra, hechas de hormigón gunitado —se proyecta hormigón sobre una superficie—. En cuanto al revestimiento, cerca del 92% utilizan gresite o cerámica, comentan en Fluidra, empresa fabricante de sistemas y componentes para piscinas. Para fincas y piscinas pequeñas, las mejores opciones son las prefabricadas y desmontables. En el caso de las primeras, la forma y conexiones vienen ya de fábrica en una sola pieza y solo se requiere hacer la excavación del hueco. «Cuestan unos 9.000 euros, un 30% menos que las piscinas de obra», indican en el portal de reformas Habitissimo. Si no se pueden hacer perforaciones, las desmontables son la mejor solución, aunque son más comunes en unifamiliares. Los precios se mueven entre 1.500 y 5.000 euros, calculan en el portal. Cada vez más populares son las piscinas de cloración salina. «En España, la mayoría utiliza productos clásicos como el cloro, mientras que entre el 15% y el 20% emplea electrolisis de sal, aunque la tecnología salina está muy de moda y cada vez más extendida», dicen en Fluidra. No se producen irritaciones en los ojos y se reduce la sequedad de la piel. Además, el mantenimiento es menor.