Carlos Redondo tiene 84 años. Después de media vida de subir por las escaleras al piso en el que habita en la barriada obrera de la Ciudad de los Ángeles, en el sur de Madrid, vio el cielo abierto cuando conoció las generosas subvenciones a la instalación de ascensores que anunciaba la Comunidad de Madrid. En el marco de su Plan de Rehabilitación, la Administración prometía pagar el 70% del coste de las obras, con un tope de 50.000 euros, a aquellas comunidades de propietarios que, como la de Luis y su avejentado vecindario, carecieran de este elemento indispensable para la accesibilidad y acometieran su instalación. En casa de Carlos lo hicieron en 2009. Cuatro años después todavía no han visto un céntimo.

Levantado a mediados del siglo pasado para absorber a la multitud de emigrantes del campo español que llegaban al Madrid del desarrollismo en busca de un futuro, el caserío de la Ciudad de los Ángeles fue construido sin un elemento arquitectónico entonces considerado accesorio y hoy indispensable para unos residentes que han envejecido en aquellas casas. Lo mismo ocurre en Moratalaz, el Barrio de la Concepción, Santiago Apóstol y otros populosos enclaves que crecieron como arrabales y hoy son parte medular de la capital de España.

Muchos vecinos dieron el paso. No era fácil, porque la subvención se abonaba a posteriori. El dinero había que adelantarlo y muchos tuvieron que endeudarse con los bancos para conseguirlo. El coste de una obra de este tipo oscila entre los 75.000 y los 120.000 euros por edificio. En el de Carlos tocaban a 11.900 por piso, de los que contaban con recuperar 5.000 con la subvención. Lo que nadie imaginaba es que, años después de terminados los trabajos, la prometida ayuda pública, promocionada mediante una ambiciosa campaña publicitaria, no hubiera llegado. Carlos Redondo protesta porque «de haber sabido que no nos iban a dar el dinero no nos hubiéramos metido en este lío». Uno de sus vecinos, más joven, lo expresa con más contundencia: «Nos sentimos estafados».

«Desastre para las familias»

Luis Vara, otro vecino del barrio, describe la situación, como «un desastre para las familias». Cuenta que «hay comunidades persiguiendo a vecinos morosos y empresas instaladoras persiguiendo a comunidades morosas», porque las subvenciones no se hacen efectivas. Solo en el distrito de Villaverde son alrededor de 400 las familias afectadas, un número que crece exponencialmente si engloba a toda la ciudad. Pero el problema traspasa los límites de la capital, como muestra el hecho de que el pasado 3 de octubre el pleno del Ayuntamiento de Getafe aprobó, con los votos a favor del PP, instar a la Comunidad de Madrid a que pague las subvenciones a los vecinos de ese municipio.

En la Consejería de Vivienda siguen buscando solución. Según explica un portavoz a ABC, «las ayudas se abonarán cuando haya presupuesto y en eso se está trabajando, en encontrar presupuesto». Según los datos oficiales facilitados a este diario, la Comunidad ha pagado en el marco de los sucesivos programas 62 millones de euros a unas 1.300 comunidades de propietarios entre 2007 y 2012. Están pendientes de pago 16 millones que se adeudan a los propietarios de algo más de 1.100 inmuebles. No se dio información del coste de la publicidad institucional al respecto. La estadística tiene reflejo en la experiencia personal de un administrador de fincas que prefiere mantenerse en el anonimato: «Yo presenté los papeles para cinco comunidades que llevo, todo en regla, y todavía no ha cobrado ninguna». La semana pasada los responsables de Vivienda se reunieron con la Consejería de Hacienda para encontrar algo de liquidez con la que, al menos, empezar a paliar el problema. Sin resultado.

Los afectados también han mantenido encuentros con la Comunidad. Su impresión es negativa. Vara explica que «nunca nos dicen que no vayamos a cobrar, pero tampoco nos dicen cuándo lo haremos». Convencidos de que en realidad solo verán ese dinero si la Justicia los ampara, las Asociaciones de Vecinos de Madrid ya preparan acciones legales y planean una demanda colectiva. La batalla judicial es su última esperanza, pero, aseguran, «con lo mayores que son muchos vecinos, para algunos llegará demasiado tarde». Para las familias, ya castigadas por el paro y la crisis económica, no poder contar con un dinero que los poderes públicos les aseguraron, se convierte en la gota que colma el vaso. Por eso muchas, simplemente, no pagan.