Según ha informado en un comunicado, el decreto dictado por el fiscal jefe establece que si el inmueble ocupado constituye morada, los y las fiscales «instarán la adopción inmediata, como medida cautelar, del desalojo inmediato y la restitución de la posesión con carácter cautelar al morador».

«Urgencia y necesidad»

Según el Ministerio Público, al tratarse de un delito menos grave y afectar de forma clara y directa a un derecho fundamental ( inviolabilidad del domicilio) concurrirán los presupuestos de urgencia, necesidad y proporcionalidad de la medida.

Asimismo, indica que serán los fiscales quienes deben instar que se haya comprobado previamente la titularidad del inmueble, la falta de autorización y la ausencia de título legítimo de ocupación.

Lo mismo debe predicarse, según el decreto, para el supuesto de la ocupación ilegal del domicilio de una persona jurídica y de un establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura.

Asimismo, se añade que cuando se soliciten el desalojo del inmueble y se observe una situación de especial vulnerabilidad en las personas que lo ocupan, los y las fiscales pondrán los hechos en conocimiento de los Servicios Sociales para que estos adopten las medidas oportunas para su protección.