El Ayuntamiento ha recibido 350 denuncias contra supuestos alojamientos ilegales. En el registro constan 5.725 apartamentos inscritos en la ciudad. Se están redactando restricciones para Ciutat Vella y El Cabanyal

El Ayuntamiento de Valencia ha comenzado su campaña de hostigamiento contra los apartamentos turísticos ilegales. Apenas una semana después de anunciar su plan para inspeccionar este tipo de alojamientos, el consistorio ya ha resuelto el cierre de 10 establecimientos turísticos que no se ajustaban a las ordenanzas municipales. La nueva ley de turismo elaborada por la Generalitat introdujo un criterio de obligado cumplimiento para que los propietarios pudieran inscribir sus inmuebles en el registro autonómico de apartamentos turísticos y, por tanto, operar en la ciudad donde se asentasen: que contasen con un informe favorable de compatibilidad urbanística emitido por la administración local. Es decir, que las viviendas comercializadas turísticamente se ajustasen a los requisitos que dictasen los ayuntamientos.

En el caso de Valencia, este tipo de inmuebles sólo pueden salir al mercado de manera legal si están ubicados en un edificio completo de apartamentos o si están instalados en la primera planta del bloque sin colindancia con un uso residencial. Así consta en las directrices establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En la capital autonómica constan registradas oficialmente 5.725 viviendas que se utilizan como apartamentos turísticos. Una cifra a la que habría que sumar un número sin determinar de pisos que salen al mercado turístico sin ni tan siquiera estar dados de alta en el registro autonómico. Estas últimas, por tanto, incumplirían directamente la legislación autonómica. Las primeras, sin embargo, cumplirían la obligación del registro, pero no todas estarían ajustadas a la normativa municipal y, por tanto, estarían funcionando de manera ilegal.

El consistorio lanzó su plan de inspecciones para certificar que ese volumen de apartamentos cumplían con todos los requisitos. Y, tras analizar las 350 denuncias que se han presentado en el consistorio, ya se han resuelto 10 de ellas con un informe negativo. La orden emitida insta a «restaurar la legalidad», es decir, suspender la actividad. La cifra podría multiplicarse en las próximas semanas, puesto que no se ha finalizado el proceso de comprobación de todas las denuncias presentadas. Además, agentes de la Policía Local revisarán periódicamemte el resto de apartamentos que alberga la ciudad.

INFORMES

Paralelamente a la campaña de inspecciones, el Ayuntamiento también está tramitando las peticiones que han presentado los propietarios de este tipo de alojamientos turísticos para que se les emita un informe de compatibilidad urbanística que les permita operar de manera legal en la ciudad. Hasta el momento, según precisaron fuentes municipales, se han registrado 80 peticiones de informes de compatibilidad, de las que 13 han resultado favorables y 18 han sido rechazadas. El resto sigue en tramitación y no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.

Las medidas de control que ha implementado el consistorio con respecto al alojamiento ilegal en Valencia discurren de manera paralela a los planes especiales de protección que se están redactando para algunos barrios y que introducen criterios muy restrictivos para la actividad de los apartamentos turísticos. Es el caso, por ejemplo, de Ciutat Vella y de El Cabanyal, dos zonas con una alta presión turística, donde se han introducido límites al uso de viviendas como apartamentos.

En el caso de Ciutat Vella, existe un veto de nuevas licencias mientras se aprueba de forma definitiva el Plan Especial para el distrito. En este documento se introduce un límite para el uso de viviendas con fines turísticos de 60 días al año. Además, el propietario deberá estar empadronado y deberá contar con la autorización expresa de la comunidad de vecinos para poder operar.

En El Cabanyal, mientras tanto, se está trabajando en la instalación de un porcentaje máximo de este tipo de viviendas en el frente marítimo que, en principio, podría ser del 10%. El objetivo de los dos planes, que podrían extenderse posteriormente a otras zonas con presión turística como Ruzafa, es preservar el carácter residencial de los barrios y evitar, paralelamente, que se disparen los precios de alquiler.

Todo, a expensas de que se desarrolle una herramienta de la ley autonómica y que prevé la redacción de planes exclusivos municipales para el uso turístico de las viviendas en el que se establezcan zonas saturadas, donde no podrán instalarse más apartamentos.
Fuente: elmundo.es
Imagen: JOSÉ CUÉLLAR