“Hemos tenido todos los problemas, todos”, reconoce a Público Daniel Pérez, responsable legal de Holaluz, la compañía detrás de la única instalación de autoconsumo compartido que existe hoy por hoy en España. Está en el municipio de Rubí, en Catalunya, y suministra a dos viviendas vecinas con siete placas y una batería inteligente que han costado 9.000 euros. En teoría, tendría que haber estado lista en tres meses, pero la falta de regulación retrasó el proceso hasta una odisea administrativa que se prolongó durante más de un año.

“Me consta que otros lo han intentado, pero esta es la única que ha salido adelante, porque fuimos pesados, porque peleamos mucho y recurrimos. La primera reacción de la distribuidora fue decirnos que no, porque aunque es legal, no está establecido cómo compartir la red”, señala Pérez.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este viernes la derogación del impuesto al sol —el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación— en un real decreto ley que también simplifica los trámites burocráticos y técnicos requeridos y que reconoce el derecho al autoconsumo compartido. Las organizaciones ecologistas y los expertos celebran el impulso, pero matizan que es necesario leer la letra pequeña.

“La idea es que esto sea masivo, no algo de un valiente, por eso es importante decir cómo se regula, porque si no la inseguridad jurídica es enorme”, dice Álvaro Larraza, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

La única propuesta normativa al respecto que existe hoy en día es un borrador redactado por el anterior Ministerio de Energía del Gobierno del PP que aceptaba que el propietario de una instalación pudiera suministrar energía a varios consumidores, pero que sigue contemplando importantes restricciones.

La más importante, considera Daniel Pérez, es la que limita el consumo por cuotas asignadas, eliminando la principal ventaja de estas instalaciones que es, precisamente, aprovechar toda la energía que se genera. “Esto implica que si mi vecina y yo compartimos una instalación de 2 kilovatios, y yo no estoy en casa y ella sí, ella sólo puede utilizar 1 kilovatio. El otro se regala a la red y además, seguramente tenga que comprar el que le falta”, señala. “Después de prohibir el autoconsumo, esta es la segunda forma más eficaz que se me ocurre para restringirlo”, añade.

Álvaro Larraza apunta también a otro defecto de la propuesta, que es el que obliga a que una instalación de autoconsumo esté ubicada en la misma referencia catastral en la que se consume la energía. “Puede ocurrir que la azotea de un edificio no sea un sitio adecuado para poner los paneles, porque tenga mucha sombra, o porque dé problemas, pero justo a unos metros hay un sitio ideal. Habría que abrir la mano en este tipo de cosas y que la norma no ponga restricciones artificiales”, afirma.

Por último, ambos hacen hincapié en una barrera menos tangible: la social. “Que quede claro que el autoconsunmo es legal y es rentable, hay que destruir el viejo discurso”, dice Pérez. “Es importante que salgan empresas que lo hagan atractivo, porque aunque haya una norma, la barrera social y el fantasma del pasado están ahí”.

Fuente: publico.es
Fuente imagen: publico.es
Autor: LUCÍA VILLA