Olvídense del temido catastrazo. Parece difícil que en pleno proceso de recuperación económica, los ayuntamientos de la provincia de Valencia vayan a apostar por una revisión de los valores catastrales en sus respectivos términos municipales que pueda disparar el recibo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de sus ciudadanos. Sin embargo, el freno a una revisión completa no implica que el principal impuesto que manejan las administraciones locales vaya a permanecer sin variaciones. Así lo ha plasmado en un informe la consultoría Ayming, un grupo internacional de consultoría que opera en 16 países, donde se sostiene que la actualización de los valores catastrales publicada el pasado 30 de diciembre en el BOE (Boletín Oficial del Estado) tendrá efectos en hasta cinco impuestos. Y el principal se dará en el IBI.

Según el documento, la cantidad que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del IBI subirá este año en 32 municipios de la provincia de Valencia mientras que, por el lado contrario, la tributación bajará en otras 57 localidades. Se trata de un efecto de la actualización de los valores catastrales que cada año realiza el Gobierno y que tiene en cuenta la última revisión catastral realizada en el municipio. Así, aquellas administraciones que realizaron su revisión catastral (que fija los valores sobre los que después se aplica un coeficiente municipal para cobrar el IBI) durante el boom inmobiliario verán rebajados sus recibos si el consistorio no aplica medidas correctoras. Es el caso, de hasta 57 localidades analizadas.

Si, por el contrario, la última revisión se realizó hace más de 10 años (la de la ciudad de Valencia, por ejemplo, es de 1997), la actualización supondrá un incremento considerable. Este año, de hecho, el aumento ha sido del 4%. El Ayuntamiento de Valencia ha amortiguado en los últimos ejercicios el impacto de esta subida con una reducción del coeficiente municipal que se aplica para cobrar el impuesto. Y es que, la decisión de repercutir o no el incremento dictado por el Gobierno quedará en manos de los ayuntamientos. Ellos serán los que tengan la última palabra al respecto excepto en el caso de ciudades como Gandía, donde ya se aplica el máximo coeficiente por la elevada deuda que arrastra de años anteriores y donde se ha establecido un nuevo incremento.

Marcos Fernández, manager property management, traduce así los incrementos de los valores catastrales:«Si tenemos un contribuyente que tiene un bien urbano en un municipio cuya ponencia de valores es del año 1990 (cuyo coeficiente de actualización catastral es de 1,08) y cuyo valor catastral es de 200.000 euros, va a pagar 120 euros más respecto al año 2007».

Pero la afección en la presión fiscal de la actualización de los valores catastrales no se quedará, a juicio de Fernández, en el IBI. El incremento de los valores también implica una subida impositiva tanto en el IRPF (la renta) como en el Impuesto de Transmisiones, el de Sucesiones y Donaciones.

En cualquier caso, explica Fernández, la mayor repercusión impositiva se producirá en los grandes inmuebles como superficies comerciales, grandes superficies o centros fabriles. Serán estos bienes los que sufran en mayor medida las modificaciones catastrales, ya que los coeficientes repercuten sobre un mayor número de metros cuadrados y, por tanto, suponen un mayor incremento del recibo. Todos los cálculos sin embargo, se realizan en base a la actualización catastral publicada en el BOE. No obstante, cada municipio debe decidir si aplica elementos correctores para que el recibo del IBI permanezca invariable o si, por el contrario, repercute el incremento o la rebaja de los valores catastrales directamente a los impuestos municipales.

Fuente: elmundo.es
Autor: Cristóbal Toledo
Imagen: JOSÉ CUÉLLAR – elmundo.es