La banca que se adjudicó una amplia cartera de pisos durante lo peor de la crisis económica aún mantiene deudas con las comunidades de vecinos de la Región de Madrid, pese a que se ha reducido en un 13% en el último año. La morosidad bancaria asciende a 45,3 millones de euros, que representa un 20% del total de la deuda pendiente de cobrar por las fincas de comunidad autónoma, que asciende a unos 226 millones. Esto supone además una media de 1.109 euros en impagos por comunidad de propietarios.

El Estudio Global sobre la morosidad en las comunidades de propietarios, elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), afirma que la deuda con las comunidades de propietarios sigue bajando frente a lo peor de la crisis. En 2016, el nivel de impagos por morosidad alcanzó los 225,8 millones de euros, uno 8,1% interanual menos.

“La situación social ha mejorado, pero esto no significa que la crisis económica haya quedado atrás. La disminución del paro y las nuevas oportunidades han encontrado un equilibrio que ha favorecido la reducción de la morosidad en las comunidades de propietarios”, afirma Manuela Julia Martínez, presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).

Madrid, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia, son las comunidades en las que más se notó el descenso. Casi el 40% de las comunidades de propietarios madrileñas tiene propietarios morosos, con un importe medio de la morosidad a 1.109 euros durante 2016.

 La banca sigue retrasando el pago de las cuotas

Las entidades financieras siguen aplazando el pago de las cuotas a la comunidad que les corresponden como propietarios de los pisos que se han adjudicado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica. Con sus 45 millones de euros de mora en 2016, representa el 20% del total de la deuda a las comunidades. Aunque hay que decir que los impagos siguen descendiendo, hasta un 13% en el último año.

“Su burocrático sistema de gestión de cobro es una de las razones por las que las entidades no saben resolver eficazmente su situación patrimonial con las comunidades de propietarios”, según Martínez.