El Gobierno de Baleares exigirá que las estancias turísticas deban tener la autorización de la comunidad de propietarios, una antigüedad mínima de 10 años y establece un registro obligatorio para las viviendas que se anuncien portales web. Además, multiplica para dos el coste de las sanciones por irregularidades, llegando a multas de hasta 40.000 euros. Según una nota de prensa del Gobierno Armengol “se debe garantizar la convivencia entre turistas y residentes, regulando los usos urbanísticos por lo que se dotará a las comunidades de vecinos de los instrumentos adecuados para resolver los eventuales problemas de convivencia, desde el respeto a las competencias de los consejos insulares y ayuntamientos”. Respecto a las primeras reacciones, la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Inmaculada Benito, asegura que “nos estamos jugando la quiebra del modelo turístico e incide especialmente en que se estudiará el borrador de modificación de la Ley del Turismo “para hacer una primera valoración”.