Los vecinos del Bloque 3 del Sector 6 del Polígono del Valle han conseguido embargar por vía judicial un coche para resarcirse de deudas de más de 3.000 euros que inquilinos morosos mantienen con la comunidad de propietarios. Es un Peugeot 508 valorado en unos 12.000 euros según la peritación. Lo van a subastar. Lo curioso es que es un coche oficial. Un vehículo de la Junta de Andalucía, propietaria de los «tres o cuatro pisos» que no están al día con la comunidad. Como las personas a las que la administración tiene cedidas las viviendas no pagan, es la Junta como dueña la que tiene que apechugar, según sentencias judiciales ganadas por los vecinos. Y como aún perdiendo los pleitos y siendo condenada en costas no ha pagado, los vecinos la han embargado.

Los mismos vecinos está a punto de proceder al embargo de otro vehículo oficial de la Junta por las deudas de otro de los pisos. Y es solo la punta del iceberg, aseguran administradores de fincas y letrados consultados. En el bloque 1 del mismo sector hay otros cuatro pisos con demandas (varias porque cada año se les pone una).

Situaciones similares se están produciendo no solo en el Valle, sino en Arrayanes y La Paz (Linares) y barrios de Andújar, Úbeda y otras localidades. ¿Cuántas demandas está teniendo que soportar la administración? Las fuentes consultadas no pueden precisar una cifra. Pero aseguran que hablar de decenas puede ser muy conservador. En el Valle lo confirman. «Aquí hay mucha gente que no paga porque no puede», señalaba ayer una vecina. La tasa de paro en el barrio ronda el 70%, según datos de la asociación de vecinos Passo revelados hace unos meses. Para muchas familias, abonar los 25 ó 30 euros de la comunidad es imposible. En muchas viviendas no están ya los primeros adjudicatarios, sino otros que no constan.

En el Bloque 2 del Sector 6 del Valle, justo al lado del que ha conseguido echarle mano a un coche oficial, la situación provocada por los morosos es más dura aún: un ascensor se averió hace ahora cinco años. El otro dejó de funcionar anteayer. «Se usaba el roto para sacar piezas y arreglar el que sí funcionaba cuando había problemas, pero ya no da para más y el administrador dice que no hay dinero para arreglarlo. Que hay gente que no paga y la comunidad no puede», comenta una vecina. Ella es de las más damnificadas. De las 32 viviendas del bloque la suya está en la octava planta.

Sin ascensor
Por las escaleras sube otra vecina cargada de bolsas de la compra. «Al quinto voy. Mi marido, que está más mayor, apenas si ha podido bajar a la calle desde que se ha roto el ascensor. Aquí hay vecinos que tienen su piso alquilado y deben más de 1.000 euros», lamenta. También han presentado demandas. «Esto es un circo, aquí no funciona nada y todo va muy lento», lamentan.

Entre 1973 y 1984 se hicieron en el Polígono del Valle de Jaén unas 2.000 viviendas sociales. La inmensa mayoría se adjudicaron a vecinos que podrían hacerse la propiedad tras 25 años. En 2004 expiraba el grueso de las amortizaciones. Los inquilinos que durante dos décadas y media habían cumplido religiosamente con sus obligaciones accedieron a la propiedad a cambio de cantidades a partir de 3.000 euros (según pisos). Muchos ejercieron esa opción y hoy son los dueños de sus pisos con todas las de la ley. Otros no ejercieron ese derecho.

De hecho, en muchas viviendas ya no vivían los primeros adjudicatarios, sino otras familias que habían firmado acuerdos privados con los primeros. Hubo un proceso de regularización entonces para adaptar los papeles a la realidad. «Nosotros los compramos, igual que la mayoría de vecinos. Lo que tiene que hacer la Junta ahora es abrir otro proceso de regularización, y así poder actuar contra sus inquilinos que no cumplen con la comunidad», dicen en el bloque 3 del sector 6. Allí pagan 30 euros de comunidad. En el bloque 2, el que está sin ascensores, se paga 25. Los perjuicios de los impagos son notables.

Por una lado, para los vecinos cumplidores, que ven como sus bloques se deterioran, merma su calidad de vida y sus viviendas se deprecian. Pero por otro lado, «la Junta no paga la comunidad de pisos de su propiedad y ahogan la economía de unas comunidades que suelen ser humildes, amén de ser capaces por su pasividad a que se embarguen vehículos de titularidad pública. Y además tienen que pagar las costas del juicio, que suelen ser superiores a lo reclamado. Y eso es dinero de todos los andaluces», dice un administrador de fincas.

Fuente: ideal.es
Autor: Juan Esteban Poveda