Estiman que más de 100.000 comunidades de propietarios no están gestionadas por un administrador profesional. De no presentar la documentación, las sanciones consisten en multas de 20 euros por cada proveedor que no se haya reflejado en el modelo 347, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros. Se trata de una medida destinada a perseguir el fraude fiscal, ya que los profesionales que reciben los pagos de las comunidades también deben reflejar las cuantías en sus declaraciones ante la Agencia Tributaria. «Cualquier desviación de importes en este cruce de datos será motivo de una inspección por parte de Hacienda», indica la presidenta de CAFMadrid, Manuela Martínez Torres, que apoya este tipo de iniciativas contra el fraude. Es el segundo año en el que se aplica esta nueva obligación fiscal, que excluye los gastos en suministros de agua, energía eléctrica y combustibles destinados al consumo comunitario, ni sobre seguros que aseguren bienes y derechos de zona y elementos comunes. Tampoco deben reflejarse los pagos por los que deben practicar retención a trabajadores o profesionales como al propio administrador de fincas, arquitectos, abogados, etcétera. La presidenta de CAFMadrid recuerda que no existe la posibilidad de presentar la documentación en papel, sino que hay que hacerlo online.