Tras el crash inmobiliario, que obligó a echar el cierre a más de la mitad de las agencias inmobiliarias que operaban en Madrid, pocas han vuelto a reabrir sus negocios. Un escenario que, en cambio, no parece haber afectado a los otros agentes: los porteros de fincas. Una figura que históricamente ha jugado y sigue jugando un papel importante en el mercado de la vivienda en las grandes ciudades.

Los carteles de Se vende piso. Razón: portería siguen inundando los portales de los pocos edificios que todavía cuentan con porteros o conserjes y que, principalmente, se ubican en el centro de la capital.

«El portero es mi inmobiliaria», dice convencida Rosa, propietaria de un piso en alquiler en el distrito de Chamberí. Y lo repite varias veces al otro lado del teléfono aun cuando es ella misma la que informa de las condiciones económicas y la distribución de la vivienda que pretende arrendar. Eso sí, el inmueble lo enseña el portero. 1.400 euros (precio mensual del alquiler) es el único dato que aporta. Desconoce si el piso dispone de certificado energético, tiempo mínimo de estancia, etc. En contraprestación, y si lleva a buen término esta empresa, Rosa gratificará al conserje con una mensualidad de alquiler.

«Aunque legalmente no está prohibido que un portero ayude y colabore en la venta de una casa, es un total despropósito y un problema de ética y seguridad que puede afectar al usuario», manifiesta María José Corrales, presidenta de Aegi (Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria), patronal que engloba a la mayoría de las agencias. «¿Con qué recursos cuenta un portero para conseguir vender o alquilar una vivienda?», reflexiona. «No tiene nada más que un cartel en un portal que le ha facilitado el propietario sin saber este último que su casa se irá depreciando si la tiene durante mucho tiempo en el mercado». «En cambio», defiende Corrales, «una agencia profesional inmobiliaria cuenta con apoyo comercial, garantías (departamento jurídico, asesoramiento financiero, etc.) y locales a pie de calle».

Cierto es -«aunque cada vez menos», matiza la presidenta de Aegi- que los propietarios de más de 50 años están acostumbrados a acudir a su portero. Sin embargo, aclara, el sector inmobiliario que conocimos hace 10 años ha desaparecido: «Ahora al usuario le interesa poner la venta o alquiler de su vivienda en manos de profesionales, ya que en función del trato que le den a la misma alcanzará una mayor o menor rentabilidad». Y remarca: «Tenemos que quitar de la cabeza del consumidor, tanto del vendedor como del comprador, la percepción de que sólo vendemos inmuebles. Ofertamos beneficios y oportunidades».

Con todo, una de las funciones específicas de los porteros y conserjes que aparece en el Convenio de Empleados de Fincas Urbanas de la Comunidad de Madrid (no renovado desde el año 2002) es «cuidar de los pisos y locales vacíos y acompañar a las personas que deseen verlos, facilitándoles cuantas noticias conciernen a los mismos». «Se trata, no obstante, de una obligación condicionada a la previa autorización del propietario con arreglo a sus expresas instrucciones, pues es obvio que cuando un tercero desea visitar una vivienda o local es porque se encuentra en venta o alquiler», aclara José Merino, asesor jurídico del Coapi (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) de Madrid.

Es precisamente aquí donde el sector cuestiona si tal obligación supone una competencia directa con las funciones de los Apis. Para Merino, no hay discusión alguna: «Aunque las actividades de mediación en la compraventa y en los arrendamientos, entre otras, puedan ser ejercidas por personas físicas o jurídicas sin necesidad de estar en posesión de título alguno, un portero o conserje no es un agente inmobiliario». Y es que España es, según este experto, el único país de toda Europa donde cualquier persona puede comercializar pisos con un móvil, con los graves perjuicios que ello puede llegar a suponer para el propietario del inmueble.

Negociadores

Antonio, portero de un edificio situado en el céntrico distrito madrileño de Chamberí, es el encargado de negociar hasta el precio, 550.000 euros, de un ático exterior puesto a la venta. «Los propietarios no quieren figurar en nada», reconoce. Su labor pasa por recibir sólo a particulares -descartan a las inmobiliarias directamente-. Pese a hacer esta selección, dice atender seis visitas diarias interesándose por este ático a renovar. Incluso, nos confirma, han acudido empresas de reforma que buscan viviendas para clientes a los que no les interesa tanto su estado como su tamaño y ubicación.

Desde hace años, Aegi mantiene conversaciones con las Administraciones para impulsar un decreto que establezca en todo el territorio nacional unos requisitos que permitan a un actor intervenir en el sector. Pone como ejemplo el decreto 12/2010 aprobado en Cataluña, por el que se regulan los mínimos exigibles para ejercer la actividad de agente inmobiliario. Mientras tanto, los porteros seguirán recibiendo visitas y, quién sabe, alquilando o vendiendo inmuebles.

FUENTE: EL MUNDO