Maria Teresa Campalón, vecina de Campclar, está preocupada: a su hermano le acaban de amputar una pierna y no saben cómo podrá acceder al piso donde vive.
En el edificio hay ascensor, pero hasta llegar a él hay cuatro escalones que le resultarán insalvables. Ni Maria Teresa ni su madre, de 73 años, podrían subirle, a peso, hasta el rellano.
Cuenta Campalón que su hermano sufrió un accidente hace 19 años y, a partir de ese momento, debió ir en silla de ruedas. No obstante, hasta ahora se las arreglaba para subir por sí mismo los cuatro escalones. Últimamente su situación empeoró y, debido a unas úlceras, debieron amputarle una pierna. Al salir del hospital pasará unas semanas en el Sociosanitari Francolí antes de darle el alta, lo que les deja poco tiempo para buscar una solución: «Ahora la situación es completamente diferente y sabemos que sin una rampa no podrá subir. Pero los vecinos ya nos han dicho que no hay dinero», aseguraba.
La presidenta de la comunidad de vecinos, Montse Lorenzo, quien se solidarizó con la familia, lamentó, no obstante, que no le hubieran hecho llegar ninguna petición formal. Aseguró, además, que no sabía que la salud del hombre había empeorado.
Lorenzo reconoce, eso sí, que la comunidad pasa por una situación económica muy complicada, con muchos vecinos en paro que no cobran ninguna ayuda (ella misma) y otros que dependen de la solidaridad de sus familias. En total, sólo 4 de 24 viviendas están al corriente en los pagos. «No les denunciamos porque son nuestros vecinos, ya están pasando por una situación lo suficientemente dura y tampoco ganaríamos nada», explica.
La comunidad, como muchas otras del barrio, se ha organizado para funcionar con los mínimos fondos. No tienen administrador y los vecinos se encargan personalmente de la limpieza y las reparaciones urgentes.
De hecho, un papel en el portal advierte que «a día 14 de mayo en la comunidad hay la cantidad de 253,24 euros», por lo que no habían podido pagar la cuota del seguro, de 600 euros. Este mes también deben hacer frente al mantenimiento del ascensor (240€) o arreglar el mismo para pasar una inspección… De hecho, Lorenzo explica que, a pesar del menguado presupuesto de la comunidad, siempre han dado prioridad al ascensor pensando en este vecino.
Campalón, cuya familia es una de las pocas que está al día en los pagos, ha pedido ayuda en el Ayuntamiento, pero le han explicado que es la comunidad la que debe encargarse de la obra. En vista de ello su familia está sopesando pedir a unos amigos que construyan la rampa a cambio de darles de comer en casa durante algunos días. «No tendríamos otra forma de pagarles», asegura.
Un problema repetido
Lamentablemente, la situación de este edificio, en cuanto a los problemas por la morosidad, no es única, tal como advierte Esteve Martí, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona. Aclara, además, que en este caso debe ser la comunidad la que se encargue de la obra y, si no lo hace, el hombre puede denunciarlo ante el juez. No obstante, no es optimista, puesto que, aunque la ley le ampara, primero tendría que pasar por el proceso judicial. Además, aunque le den la razón, si no hay dinero poco se puede hacer.
Otra opción es que se encargue la familia y luego pase la factura a la comunidad, algo que, en este caso, tampoco parece factible.
Comenta Martí que, en general, los problemas de morosidad están afectando a todas las comunidades de vecinos en mayor o menor medida. En general las obras de mantenimiento de tuberías o fachadas, por ejemplo, están alargando los plazos de ejecución. «Lo que antes se hacía en un año ahora se hace en dos».
No obstante, distingue tres realidades: la del centro de la ciudad, con muchos dueños que ya han pagado la hipoteca y que sortean las dificultades ampliando los plazos de las obras; las zonas de costa, donde muchas viviendas son de segunda residencia, y, en tercer lugar, los barrios periféricos, como Campclar, los más golpeados por el paro y la crisis.
Cambios en la ley
La nueva ley 5/2015 de modificación del libro quinto del Código Civil de Catalunya que trata sobre el régimen jurídico de la propiedad horizontal (comunidades de vecinos) contempla explícitamente que los propietarios que sufran alguna discapacidad o sean mayores de 70 años pueden forzar a la comunidad a suprimir las barreras arquitectónicas o a instalar un ascensor aunque el resto de propietarios se oponga. La ley, que entrará en vigor el 20 de este mes, extiende este derecho a las personas que convivan con el propietario o trabajen en el inmueble. El coste de las obras «razonables y proporcionadas» va a cargo de todos los vecinos sin excepción. La reforma de la ley de 2006 fue impulsada por el Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona.
FUENTE: DIARI DE TARRAGONA
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